Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en específico de la Unidad Especializada en Materia de Seguridad Vial, manifestaron su preocupación luego de que dos de sus compañeros fueran presionados para presentar su renuncia sin una causa clara ni explicación formal. Denuncian que esta medida deriva de rumores y malos entendidos, no de hechos comprobados.
Los elementos afectados son Daniel T., de la Unidad de Seguridad Vial en el edificio Tlaxcala, y Jesús M., asignado a la zona San Pedro Cholula. Ambos participaron en actos de investigación el pasado 27 de septiembre para cumplir una orden de aprehensión contra un hombre señalado por daño en propiedad ajena derivado de un percance vial.
Sin embargo, al localizar al supuesto imputado descubrieron que se trataba de su hermano, quien acreditó plenamente su identidad. El procedimiento quedó asentado en informes oficiales y se entregó copia de la identificación del hombre equivocado a los mandos.
Tras esa diligencia, narran los agentes, se les retiró la camioneta Chevrolet S10 que utilizaban como patrulla. El vehículo, que anteriormente había sido empleado por personal administrativo, presentaba irregularidades: no tenía placas registradas como unidad oficial y acumulaba fotomultas que eran cobradas directamente a los agentes. Para evitar más sanciones económicas, los elementos habían retirado la placa y cubierto el engomado, lo cual —aseguran— reportaron a sus superiores y es una práctica general en la Fiscalía General del Estado por la carencia de parque vehicular.
Un día después de la entrega del vehículo comenzaron las presiones para que Daniel y Jesús presentaran su renuncia. Según sus compañeros, nunca recibieron explicación formal, sólo la instrucción de dejar la corporación, de que “por órdenes de arriba” debían firmar su denuncia, a lo cual se han negado pues no les indican la causa de lo que en la práctica sería un despido. El hecho genera alarma entre ministeriales, quienes temen que la medida siente un precedente y más adelante puedan ser víctimas de despidos arbitrarios.
“Queremos que se investigue de verdad, que si hay responsabilidades se finquen, pero con pruebas y con apego a derecho, no con rumores ni intimidaciones”, señalaron otros agentes en defensa de sus compañeros, quienes temen que en un futuro puedan ser ellos los afectados.
El llamado que hacen a los mandos es a realizar una depuración real dentro de la institución, pero no arrasando con quienes únicamente cumplen con su labor. “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, expresaron, reconociendo el temor de que las bajas forzadas se extiendan a más personal.
Los agentes insistieron en que Daniel T. y Jesús M. actuaron conforme a los protocolos y que todo quedó asentado en sus informes oficiales. Por ello piden que se respete su trabajo y su permanencia en la corporación.
