La mañana de este viernes un grupo de personas bloqueó el camino al Batán, a la altura de los juzgados que se ubican junto al penal de San Miguel. Aseguraban ser familiares de internos y acusaban presuntos actos de tortura, venta de droga, extorsiones y cobros ilegales dentro del centro penitenciario. Portaban mantas y carteles donde señalaban a supuestos reclusos como responsables de estas actividades.
En las mantas acusaron a dos internos de controlar la venta de droga y a otro más de encargarse de la renta de celulares. Sin embargo, fuentes policiales confirmaron que la información era falsa de origen: los reclusos mencionados no se encuentran en el penal de San Miguel. Incluso uno de los señalados, alias “El Nenuco”, se suicidó recientemente dentro del propio centro penitenciario, por lo que su mención resultó completamente fuera de lugar.
De acuerdo con información obtenida por áreas de inteligencia, este grupo de manifestantes habría sido contratado por un interno conocido como “El Marmolero”, quien les habría pagado 500 pesos por persona para acudir a realizar la protesta. La intención, según las mismas fuentes, sería presionar para recuperar privilegios perdidos luego de recientes reubicaciones internas resultado de inconsistencias detectadas durante revisiones.
Otro dato que levantó sospechas fue que los vehículos utilizados este viernes por los manifestantes son los mismos que se han visto en protestas anteriores, presuntamente coordinadas también desde el interior del penal; indicaron las fuentes policiales consultadas.
Mientras el bloqueo complicaba la circulación, autoridades estatales acudieron para establecer diálogo y solicitar a los manifestantes que acreditaran a qué personas privadas de la libertad representaban. Sin embargo, se negaron a ello y tampoco presentaron documentos que respaldaran su relación con los internos. Esto incrementó las dudas sobre la autenticidad de la protesta.
Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado en el que reiteró que la institución mantiene apertura a las expresiones sociales, pero puntualizó que varios de los señalamientos difundidos eran imprecisos y estaban basados en información incorrecta. La dependencia insistió en que en el penal de San Miguel se respetan los derechos humanos de la población penitenciaria y que toda operación se realiza conforme a ley.
Asimismo, reiteró su disposición para establecer un mecanismo de diálogo formal, siempre y cuando los participantes acrediten de manera legítima su vínculo con los internos. También subrayó su compromiso con la gobernabilidad, la legalidad y el trato respetuoso hacia familiares de PPLs, dejando claro que cualquier acercamiento deberá realizarse por las vías institucionales.
