Un operativo de la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de Huauchinango generó inconformidad entre ciudadanos, luego de que motociclistas señalaran una posible aplicación desigual de la ley durante acciones de supervisión realizadas en días recientes. Los agentes de tránsito sancionan a civiles, pero cuando se trata de personal del ayuntamiento y amigos del presidente municipal Rogelio López Ángulo, les toleran las faltas y los dejan retirarse sin ser infraccionados, informaron fuentes ciudadanas.
De acuerdo con testimonios recabados, durante el operativo varios motociclistas fueron detenidos por no portar casco de seguridad o no contar con la documentación en regla. En estos casos, se aplicaron sanciones administrativas y las unidades fueron enviadas al corralón, lo que representó un gasto significativo para los conductores, en su mayoría personas de escasos recursos.
La molestia social surgió cuando, en el mismo operativo, fue detenido un funcionario del Ayuntamiento que presuntamente también circulaba sin casco. Se trata, según fuentes ciudadanas, de Alfonso Melgar González, director de Giras y Eventos del H. Ayuntamiento de Huauchinango. A diferencia de otros casos, el servidor público fue dejado en libertad sin que se le aplicara sanción ni se asegurara su motocicleta, situación que fue observada por otros conductores infraccionados.
Este hecho provocó cuestionamientos entre los ciudadanos afectados, quienes señalaron que la autoridad debe actuar con imparcialidad y aplicar el reglamento de tránsito sin distinciones, independientemente del cargo o relación política de la persona involucrada.
“Lo único que pedimos es que la ley se aplique parejo”, expresó un ciudadano, quien consideró que este tipo de acciones debilitan la confianza en las instituciones y alimentan la percepción de privilegios para funcionarios públicos.
Hasta el momento, la autoridad municipal no ha emitido una postura oficial que aclare si el caso fue tratado conforme a la normatividad vigente o si existió alguna justificación legal para no sancionar al funcionario.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los operativos de tránsito, especialmente en municipios donde la ciudadanía demanda que las reglas se cumplan de manera equitativa y sin excepciones.
