Las denuncias públicas comenzaron con un video difundido en Facebook por una mujer y su hija, quienes, mostrando el rostro y sin ocultar su identidad, acusaron que durante un cateo realizado en un aserradero, presuntamente por personal de la Fiscalía General del Estado (y en concreto de la Unidad Especializada en Investigación en Materia de Vialidad UEIMV) desaparecieron una caja fuerte, dinero en efectivo y diversos objetos de valor que, aseguran, no formaban parte de los bienes relacionados con la investigación. A partir de ese momento empezó a circular también un extenso texto en redes sociales (WhatsApp) en el que se denuncian supuestos actos de corrupción cometidos durante distintos operativos realizado por mandos de dicha unidad.
En esta nota se omiten los nombres de los funcionarios señalados, pues las fuentes consultadas, por temor a represalias en su trabajo no podrían hacer señalamientos directos en contra de esos mandos. Sin embargo, en un escrito al que nos referimos en esta nota, el cual ha circulado en redes sociales se hace mención de los nombres de los implicados, por lo que la Fiscalía solo debe indagar en los nombres que allí se mencionan.
Tras la difusión de ese material, este reportero fue contactado por diversas fuentes extraoficiales, entre ellas agentes y funcionarios de la propia Fiscalía (quienes exigieron el anonimato), quienes coincidieron en señalar que las irregularidades denunciadas no serían hechos aislados. Según sus versiones, durante algunos cateos se habrían registrado presuntas exigencias de dinero a propietarios de inmuebles para evitar aseguramientos o clausuras, e incluso pagos para no poner a disposición a personas que presuntamente habían sido sorprendidas cometiendo algún delito.
Las fuentes consultadas también relataron casos en los que, durante la ejecución de un mandamiento judicial, presuntamente se ingresó a inmuebles que no estaban contemplados en la orden de cateo. Uno de los ejemplos mencionados fue el de una cachimba donde, además del establecimiento autorizado, se intervino el negocio contiguo y, donde según el testimonio referido, un ancianito señaló el presunto robo de 30 mil pesos que correspondían a sus ahorros: “Pobre viejito se quedó llorando, de que le robaron sus ahorros” señaló uno de los informantes.
Los informantes refirieron hechos muchos más alarmantes, donde presuntamente se habría permitido a presuntos delincuentes quedar en libertad a cambio de importantes sumas de dinero “como lo que pasó en Palmar de Bravo”, tema que da para otra entrega.
Otro aspecto que llama la atención de los propios agentes es que el personal señalado pertenece a una unidad cuya función principal debería estar enfocada en la investigación de hechos de tránsito, como choques, atropellamientos y otros delitos relacionados con la seguridad vial. Por ello, cuestionan por qué son enviados de manera constante a ejecutar cateos en aserraderos, cachimbas, domicilios particulares, corralones y otros establecimientos ajenos a esa especialidad. Mientras tanto tienen un rezago importante en los casos de Vialidad, donde no dan solución a las víctimas de esos delitos: “por andar haciendo labores que no les corresponden no hacen su chamba” indicaron algunas de las fuentes.
Las inconformidades no terminan ahí. Agentes consultados afirman que elementos son movilizados desde distintas regiones del estado sin conocer previamente el objetivo de los operativos, obligándolos a trasladarse por sus propios medios, portando armas de cargo y armas largas, situación que —aseguran— incrementa los riesgos para su integridad y su responsabilidad legal. Incluso sostienen que quienes no desean participar en esos despliegues presuntamente pueden evitar ser convocados mediante el pago de mil pesos mientras que quienes no asisten ni entregan dinero serían objeto de sanciones administrativas.
También fue referido un operativo efectuado hace unas semanas en un corralón donde se encontraban 97 vehículos adquiridos legalmente en lotes de la Comisión Federal de Electricidad. Según las fuentes, únicamente una unidad contaba con reporte de robo, pero aun así se procedió al aseguramiento del lugar. Los informantes sostienen que previamente los mandos dieron la oportunidad al encargado de pagar para evitar esa acción. El encargado del sitio habría ofrecido 30 mil pesos, cantidad que presuntamente fue rechazada, por ser considerada menor. Agregan que el aseguramiento de casi un centenar de vehículos representaría un negocio mucho más rentable por los presuntos pagos que realizan empresas de grúas por cada unidad remitida. Según las fuentes, por cada unidad que se remite a la empresa de grúas, esta otorga (en moches) 2 mil pesos a los mandos en cuestión, por lo que al ser 97 vehículos los remolcados, por este concepto obtendrían 194 mil pesos, una cantidad mucho mayor que los 30 mil pesos que ofrecía el encargado del lugar. El sitio fue asegurado.
Todas estas versiones deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades competentes. Sin embargo, la reiteración de señalamientos provenientes tanto de ciudadanos como de personal de la propia institución hace indispensable una investigación seria, imparcial y exhaustiva. La Fiscalía tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y, en caso de acreditarse conductas ilícitas, aplicar la ley sin excepciones. La credibilidad de las instituciones también se construye investigando a quienes las integran cuando existen denuncias que no pueden seguir siendo ignoradas.
