Hace exactamente un año, este medio dio a conocer el caso de Irene, una mujer policía que denunció penalmente a Héctor Meneses Bonilla, entonces comandante de Seguridad Pública de Ixtepec, a quien acusó de haberla violentado y amenazado de muerte tras la relación sentimental que ambos sostuvieron. El presunto agresor ahora pretende ser candidato a la presidencia municipal de Huitzilan de Serdán por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al menos es lo que ostenta en sus redes sociales.
Hoy, 28 de agosto de 2026, la denuncia continúa prácticamente en el mismo punto: empantanada en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), sin que la agraviada conozca avances concretos y después de haber acudido durante un año, prácticamente cada semana, a preguntar por el estado de su carpeta de investigación. Por ello solicita la intervención de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, pues presume que algunos funcionarios regionales de la Fiscalía podrían estar protegiendo al presunto agresor Héctor Meneses Bonilla.
Irene sostiene que la actuación de la Fiscalía no solamente ha sido ineficiente, sino que la ha revictimizado, pues asegura que ha tenido que rendir alrededor de 15 entrevistas sin que hasta ahora se concrete la judicialización del expediente.
“Estoy en el MP de mi municipio y me dicen que le falta a mi carpeta para judicializarla, que faltan dictámenes y llevo un año acudiendo cada ocho días. Ya me han hecho como 15 entrevistas y no es posible que no esté completa”, relató la mujer a este medio.
El caso comenzó en la agencia del Ministerio Público de Cuetzalan del Progreso. Sin embargo, recientemente la carpeta fue enviada a Zacapoaxtla, situación que Irene considera una acción de dilación que ha contribuido a mantener detenida la investigación.
La propia agraviada refiere que se enteró del traslado de la carpeta por el propio Héctor Meneses Bonilla, quien, según su versión, le comentó que el expediente había sido enviado a Zacapoaxtla, donde tendría relaciones de amistad con personal que labora en esa agencia ministerial.
La preocupación de Irene aumentó recientemente porque asegura que hace aproximadamente diez días Meneses Bonilla volvió a contactarla y comenzó nuevamente a molestarla, argumentando que las medidas de seguridad que se habían establecido en su favor ya habían vencido y que, por ello, nuevamente podía llamarla y acercarse a ella.
Esto ocurre pese a que la mujer denunció originalmente amenazas de muerte y aportó como una de las principales pruebas un audio en el que presuntamente se escucha al entonces mando policial amenazarla.
En aquella grabación, a la que este medio tuvo acceso y que fue publicada hace un año, se escucha:
“Eso no es nada, Irene. Te lo juro por Dios que no es nada. Eso no es nada que es lo que me vas a hacer. Si tú sigues en este plan, vamos a terminar muy mal”.
Ante ello, la mujer le pregunta directamente:
“¿Terminar cómo? ¿Me vas a matar?”.
La respuesta que se atribuye a Meneses Bonilla es:
“Vas a terminar mal. Te dije conmigo, no debes de jugar de esa manera”.
En otro momento de la conversación, Irene le reclama: “Trataste de matarme”, y el hombre responde:
“Y no te maté; estás viva… y lo volveré a hacer si sigues en ese plan, y te lo estoy diciendo ahora que ya no tengo alcohol”.
La grabación continúa con otra expresión que, de acuerdo con la denunciante, representa una amenaza directa:
“Sabes de lo que soy capaz de hacer, te quieres convertir en mi enemiga”.
Un año después de que este material fuera dado a conocer públicamente, Irene sostiene que la Fiscalía no ha conseguido llevar el caso ante un juez.
La situación resulta todavía más preocupante porque Meneses Bonilla ya no ocupa el cargo de comandante de Ixtepec. Actualmente, de acuerdo con lo informado por la propia agraviada, se desempeña como escolta privado del presidente municipal de Zapotitlán de Méndez.
Es decir, el hombre señalado en una denuncia por presuntas amenazas de muerte continúa desempeñándose en labores relacionadas con la seguridad y, por la naturaleza de su actual trabajo, tendría nuevamente acceso a información, contactos y eventualmente instrumentos de seguridad.
Irene también denunció ante este medio que algunos de sus testigos habrían sido amenazados presuntamente por el mismo personaje, circunstancia que incrementa su temor y la lleva a solicitar nuevamente la intervención de las autoridades.
Pero existe otro elemento que ha encendido las alertas de la denunciante.
Meneses Bonilla utiliza actualmente sus redes sociales para promover sus aspiraciones políticas y ha difundido mensajes en los que manifiesta su intención de convertirse en candidato a la presidencia municipal de Huitzilan de Serdán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asegurando incluso que encabeza las encuestas.
Ante ello, Irene pide a las dirigencias y autoridades de ese partido que revisen cuidadosamente sus antecedentes antes de considerar una eventual postulación.
Su planteamiento es sencillo: que no se permita que una persona señalada por violencia contra una mujer y amenazas de muerte pueda ser postulada a un cargo de elección popular sin que antes se esclarezcan las acusaciones existentes en su contra.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Meneses Bonilla tiene derecho a defenderse y a que su responsabilidad sea determinada por las autoridades competentes. Pero precisamente por eso resulta indispensable que la Fiscalía investigue, determine lo que conforme a derecho corresponda y, si existen elementos suficientes, judicialice el caso.
Lo que no puede ocurrir es que una mujer denuncie amenazas de muerte, aporte audios, acuda una y otra vez ante el Ministerio Público y, después de un año, siga recibiendo como respuesta que todavía “faltan dictámenes”.
La pregunta inevitable es qué ha ocurrido durante todo este tiempo.
¿Por qué una carpeta iniciada en Cuetzalan terminó en Zacapoaxtla? ¿Qué diligencias faltan? ¿Por qué después de aproximadamente 15 entrevistas la investigación continúa sin judicializarse? ¿Qué pasó con las medidas de protección? ¿Y por qué la denunciante asegura que su expareja volvió a contactarla precisamente después de que esas medidas vencieron?
Son preguntas que debe responder la Fiscalía General del Estado.
Por ello, Irene hace un llamado directo a la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, para que revise personalmente el expediente, ordene una supervisión de la investigación y determine si existieron omisiones, retrasos injustificados o cualquier otra irregularidad en la integración de la carpeta.
También pide que se investigue si existe algún tipo de protección hacia Meneses Bonilla por parte de autoridades locales o servidores públicos de la región, debido a que se trata de un personaje conocido dentro del ámbito policial.
La denuncia cumple un año en los medios de comunicación, pero para Irene el problema no terminó con aquella publicación. Al contrario: asegura que sigue viviendo con miedo, mientras el hombre al que acusa continúa trabajando en seguridad y ahora incluso busca proyectarse políticamente.
Un año después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar Irene para que su denuncia sea investigada y, en su caso, llevada ante un juez?
La justicia no puede depender de cuántas veces una víctima tenga que tocar la puerta del Ministerio Público. Tampoco puede convertirse la espera en otra forma de violencia institucional.
Irene ya denunció. Aportó pruebas. Ha acudido durante un año a preguntar por su expediente. Ahora exige que las autoridades hagan su trabajo.
