Una probable actuación irregular de una representante de la Fiscalía General del Estado de Puebla es señalada en torno al caso de Mari Cruz Lozada Morales, agente del Ministerio Público adscrita a Huauchinango, quien presuntamente atropelló con su automóvil a un elemento de Vialidad que pretendía retirar las placas de su vehículo por encontrarse estacionado en un sitio con restricción.
El señalamiento adquiere mayor relevancia debido a que, según la información proporcionada por fuentes extraoficiales, la funcionaria presumiblemente ya acumularía diversas quejas ciudadanas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y señalamientos ante Visitaduría de la Fiscalía del Estado, sin que hasta ahora se conozcan públicamente sanciones derivadas de esos antecedentes.
Los hechos que originan esta denuncia ocurrieron el 25 de mayo de 2026, en avenida de los Técnicos, colonia Rancho Viejo, frente a la escuela María Montessori. De acuerdo con los reportes policiales consultados, el agente Jorge Eduardo G. C., encargado del área de Vialidad, se realizaban acciones para retirar placas a vehículos estacionados indebidamente.
Entre las unidades se encontraba un Volkswagen Passat 2013, blanco, placas HNT-475D de Hidalgo, presuntamente propiedad de Lozada Morales. El oficial habría intentado retirar la placa después de realizar varios llamados mediante el silbato, pero la funcionaria llegó y presuntamente impidió la acción.
Según la denuncia, la agente habría amenazado al servidor público (ojalá nunca caigas en mi agencia, le habría dicho) y posteriormente arrancó el automóvil, golpeándolo con la parte lateral en la zona baja de la espalda. El oficial quedó tendido y fue trasladado al Hospital General, donde el médico Francisco Javier Balbuena Santamaría habría diagnosticado lumbalgia postraumática y solicitado estudios de radiología.
Según los reportes, pese a que la funcionaria fue alcanzada aproximadamente un kilómetro adelante por elementos de Vialidad y Policía Municipal y llegó una grúa, presumiblemente no fue detenida ni sancionada.
También se señala que Lozada Morales habría establecido comunicación con Adrián Samuel Heras Castillo, entonces Director Operativo de la Policía Municipal, quien presuntamente habría instruido al Director de Vialidad, Edgar Sebastián Sánchez Valencia, dejarla continuar sin cargos.
El caso habría tenido un nuevo episodio el 20 de agosto, cuando la funcionaria presuntamente citó a la esposa del agente lesionado en sus oficinas para intentar disuadirla de continuar con las denuncias y difundir públicamente el caso.
Los señalamientos deberán ser investigados por las autoridades competentes. Corresponde a la Fiscalía, Visitaduría y organismos de derechos humanos determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales y, en su caso, deslindar responsabilidades.
La exigencia planteada por quienes conocen el caso es que la investigación se realice sin privilegios, pues la ley debe aplicarse por igual a servidores públicos y ciudadanos.
