Después de más de tres días de protesta, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla regresaron a sus actividades presenciales este martes 10 de noviembre. El levantamiento del paro ocurrió luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinara abrogar el acuerdo que establecía los lineamientos para evaluar el desempeño del personal de carrera judicial, disposición que provocó temor entre los empleados por sus posibles repercusiones laborales.
La conclusión de la protesta quedó formalizada con un acto simbólico en el acceso principal del inmueble judicial, donde los trabajadores retiraron las cadenas que mantenían cerradas las puertas. Cerca de 40 empleados se reunieron en las escalinatas para dar por terminada la suspensión de actividades que comenzó el viernes 6 de noviembre.
El movimiento en Puebla no fue un hecho aislado. La inconformidad se extendió a por lo menos 17 entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y Nuevo León. Durante las jornadas de movilización, los inconformes organizaron guardias de dos a tres horas para mantener visible su rechazo a las disposiciones administrativas.
El origen del conflicto fue el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El documento establecía un esquema de evaluaciones para los trabajadores de carrera judicial, cuyos alcances fueron cuestionados porque, a consideración de los manifestantes, podían convertirse en un mecanismo para sancionar o incluso separar de sus puestos a quienes no obtuvieran resultados satisfactorios.
Aunque el OAJ había señalado que la primera evaluación, programada para diciembre, sería únicamente diagnóstica y no tendría efectos de aprobación, reprobación o permanencia laboral, los trabajadores exigieron mayores garantías.
La solución comenzó a tomar forma durante una reunión celebrada el 7 de noviembre, en la que participaron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, integrantes del OAJ y representantes sindicales.
Dos días después, el pleno del órgano administrativo aprobó dejar sin efectos el acuerdo. La determinación apareció publicada en la edición vespertina del DOF del 9 de noviembre.
Manuel Vélez Torres, secretario de Juzgado, explicó que este resultado representa un avance, aunque todavía existen preocupaciones entre los trabajadores. Señaló que buscarán impulsar modificaciones al artículo 38, fracción IV, de la Ley de Carrera Judicial, para evitar que las evaluaciones puedan utilizarse como argumento para separarlos de sus cargos.
Los empleados aclararon que no rechazan ser evaluados ni capacitarse para mejorar el servicio que ofrecen a la ciudadanía. Su inconformidad radicaba en que los resultados pudieran poner en riesgo años de trayectoria y esfuerzo profesional.
Así, las puertas del Poder Judicial volvieron a abrirse para el trabajo presencial, pero los trabajadores dejaron claro que no bajarán la guardia en la defensa de sus derechos laborales.
