Rocío Limón y Rolando Camargo, padres de Paulina Camargo Limón, desaparecida hace nueve años mientras estaba embarazada, han expresado su profundo descontento con las autoridades por la falta de apoyo económico a las familias de víctimas de desaparición forzada. En su lucha incansable por encontrar a su hija, han trabajado de cerca con otras familias que sufren el mismo dolor, y han denunciado que, en lugar de recibir ayuda, han sido sometidos a una revictimización económica por parte de las autoridades.

Los padres lamentan que, además de enfrentar la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos, las familias se vean obligadas a cubrir gastos exorbitantes durante la búsqueda. Han señalado que, en muchos casos, los cuerpos de las víctimas terminan en fosas comunes debido a la falta de identificación oportuna, y una vez localizados, las familias son obligadas a pagar cuotas al municipio por el “derecho de piso” en el panteón, lo que consideran una doble injusticia.

Es inaceptable, aseguran los padres de Paulina Camargo, que después de gastar recursos en la búsqueda, difusión de fichas y en algunos casos, tener que dejar sus trabajos, las familias deban enfrentar costos adicionales como el pago de certificados de defunción y otros servicios funerarios. Estas cargas económicas agravan aún más la situación de las familias, quienes ya han perdido no solo a un ser querido, sino también estabilidad económica y emocional.

Por ello, los Camargo exigen que alguna dependencia gubernamental brinde apoyo económico a las familias de víctimas de desaparición forzada.

Consideran vital que estas familias no sean revictimizadas mediante costos adicionales y que se les otorguen todos los recursos necesarios para enfrentar esta tragedia con dignidad, incluyendo la exención de pagos por servicios básicos como el certificado de defunción y los trámites funerarios.