Familiares de José Juan y Marco, exdirigentes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen, Similares y Conexos de México (SITIAVW), denunciaron una presunta persecución en contra de ambos y pidieron la intervención del gobernador Alejandro Armenta para que puedan enfrentar en libertad el proceso penal que se les sigue por un supuesto desfalco de hasta 129 millones de pesos.
Los dos exrepresentantes sindicales permanecen en prisión preventiva desde el pasado 12 de agosto, cuando fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza. La investigación está relacionada con un presunto quebranto al patrimonio de los trabajadores de la planta Volkswagen de México.
La mañana de este miércoles, familiares y personas que respaldan a los imputados ofrecieron una rueda de prensa afuera de la Casa de Justicia de la 11 Sur, donde cuestionaron las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las decisiones judiciales que han impedido modificar la medida cautelar.
Los inconformes sostuvieron que, desde su perspectiva, no existen elementos suficientemente sólidos para mantenerlos encarcelados y aseguraron que la defensa cuenta con documentación y pruebas que permitirían demostrar inconsistencias en la investigación.
Por ello, solicitaron que el mandatario estatal los reciba y escuche sus planteamientos. Insistieron en que no pretenden obtener privilegios, sino que se garantice el debido proceso y la posibilidad de defenderse fuera de prisión mientras se determina su responsabilidad.
Durante sus declaraciones también lanzaron señalamientos contra el actual dirigente sindical, Hugo Tlalpan, a quien relacionaron con un posible conflicto de intereses detrás de las denuncias. Acusaron que podría existir tráfico de influencias y una persecución contra quienes encabezaron anteriormente la organización gremial.
Sin embargo, durante la conferencia no exhibieron pruebas que acreditaran estas imputaciones. También expresaron dudas sobre el manejo de las cuotas sindicales y cuestionaron que no se haya aclarado, según su versión, el destino de esos recursos ni la cuantificación del supuesto daño patrimonial.
Defensa insiste en modificar la medida cautelar
Por su parte, Carlos Mauricio Moreno, abogado de los imputados, explicó que el procedimiento se encuentra radicado bajo la causa penal 2567/2026/PUE.
Indicó que los representantes legales han presentado documentación para demostrar que José Juan y Marco cuentan con arraigo y condiciones suficientes para permanecer en libertad sin evadir la acción de la justicia.
No obstante, señaló que las solicitudes para modificar la prisión preventiva han sido rechazadas por las autoridades judiciales, por lo que insistió en que se aplique lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a las medidas cautelares y el derecho de los imputados a defenderse en libertad, cuando legalmente proceda.
Cabe recordar que ambos exdirigentes encabezaron la representación sindical durante el periodo 2020-2022. Tras su detención, un juez de Control calificó como legales los arrestos durante la audiencia inicial.
El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, mientras los familiares mantienen su exigencia de que se revise la situación jurídica de los dos exlíderes sindicales.
