La tarde de este jueves policías municipales de Huauchinango detuvieron a cuatro presuntos ladrones de motocicletas. Hasta el cierre de esta edición (ocho de la noche) la Ministerio Público en turno no había ordenado al Juez Calificador el resguardo de los detenidos, por lo que oficialmente solo estaban arrestados por una falta administrativa.

Algunos presuntos agraviados estaban muy molestos, algunos de ellos incluso manifestaron su enojo en redes sociales, pues temían que los cuatro detenidos quedaran libres pese a ser identificados como presuntos delincuentes.

Fuentes extraoficiales señalaron que los policías detuvieron a los sujetos en el exterior de un domicilio de la colonia Plácido Domingo, en Huauchinango, donde presuntamente estaban desvalijando una motocicleta con reporte de robo.

De acuerdo con las mismas fuentes algunas personas víctimas de robo de motos llegaron al lugar y al echar un vistazo al interior del domicilio en cuestión, se percataron que en el interior había otras motocicletas, uno de ellos identificó una de esas motos como de su propiedad, la cual le fue robada a punta de pistola en días pasados.

Los detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal y los policías municipales informaron de la detención a la Ministerio Público de turno, pero por alguna razón desconocida la Ministerio Público no ordenó al Juez de Control el resguardo de los detenidos, por lo que las víctimas de robo temían que los dejaran libres con tan solo el pago de una multa de 900 pesos.

Uno de los presuntos agraviados por robo de motocicleta, expresó su enojo contra la Ministerio Público en su cuenta de Facebook (por desconocimiento de los términos correctos escribió la Jueza de Casa de Justicia). Esa misma persona exigió la intervención del edil Rogelio López Ángulo “usted como presidente puede hacer algo para que se haga justicia, que no queden libres de nuevo esos jóvenes rateros, no se les puede decir de otra manera”.

El actuar de la Ministerio Público también causó el enojo del abogado defensor de los detenidos, pues solicitó a dicha funcionaria que le tomara el nombramiento como defensor de los detenidos y le diera acceso a la carpeta de investigación, pero ambas cosas le fueron negadas, por lo que uno de sus compañeros litigantes afirmó a este diario que el abogado tramitó un oficio de control judicial por privación ilegal de la libertad.