Un fuerte operativo federal encendió las alertas en el municipio de Tepetitla, Tlaxcala, luego de que personal de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Puebla, ejecutara un cateo que se prolongó por más de dos horas en un inmueble ubicado en la calle Emilio Sánchez Piedra. La diligencia se realizó con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales, como parte de investigaciones por el presunto robo de hidrocarburo, específicamente gas LP, en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con información obtenida, las indagatorias se originaron del lado del estado de Puebla y, tras diversos trabajos de inteligencia, condujeron hasta dicho inmueble en territorio tlaxcalteca. Durante el cateo, las autoridades aseguraron al menos 10 vehículos tipo pipa y, de manera llamativa, una patrulla del propio municipio de Tepetitla.
Fuentes policiales, de manera extraoficial, indicaron que el inmueble es propiedad del presidente municipal, Johnny Hernández Alvarado, dato que ha generado inquietud y exigencias ciudadanas para que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a derecho y sin privilegios. De manera extraoficial se señaló que la patrulla localizada en el sitio presuntamente habría sido utilizada para facilitar actividades ilícitas relacionadas con el robo de combustible.
La presencia de las pipas de gas LP en un predio vinculado a un funcionario en activo abrió una línea de investigación clave: determinar si el lugar funcionaba como punto de resguardo o logística para la extracción ilegal de hidrocarburo de los ductos de Pemex. Este delito, conocido como “huachigas”, ha sido combatido de forma prioritaria por autoridades federales en la región centro del país.
Trascendió que, mientras se desarrollaba el operativo, al lugar arribó el propietario del inmueble, quien versiones no oficiales identifican como el propio edil. Testigos señalaron que se habría entablado un diálogo con las autoridades federales, situación que elevó la tensión entre vecinos, quienes temen cualquier intento de interferencia o corrupción. Por ello, ciudadanos demandaron que el caso llegue “hasta las últimas consecuencias” y que se sancione a quien resulte responsable, sin importar cargos o influencias.
Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron personas detenidas; sin embargo, los aseguramientos realizados fortalecen las carpetas de investigación en curso. Se espera un comunicado oficial tanto de autoridades federales como del gobierno de Tlaxcala para precisar resultados, deslindes y el rumbo legal del caso.
El cateo en Tepetitla no solo expone la gravedad del huachigas en la región, sino que coloca bajo el reflector a un gobierno municipal, en un contexto donde la exigencia social es clara: legalidad, transparencia y castigo ejemplar si se confirma la comisión de delitos.
