Con cadenas en los accesos del edificio del Poder Judicial de la Federación en Puebla, ubicado en San Andrés Cholula en el área de Ciudad Judicial, trabajadores de dicho poder se sumaron este viernes 6 de noviembre al paro nacional contra el nuevo mecanismo de evaluación que podría poner en riesgo la permanencia de cientos de empleados en sus puestos.
Alrededor de un centenar de trabajadores se congregó en el inmueble ubicado sobre la avenida Osa Menor, en la zona de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula. Algunos acudieron con cubrebocas, chamarras y otras prendas para cubrir sus rostros y evitar ser identificados. Incluso, varios se negaron a proporcionar declaraciones.
La protesta se prolongó aproximadamente dos horas, aunque tuvo una característica particular: no hubo consignas, discursos ni otras manifestaciones públicas. Los inconformes únicamente permanecieron reunidos frente al edificio, cuyos accesos fueron asegurados con cadenas como parte de la movilización.
La concentración terminó cuando uno de los trabajadores comunicó al grupo que debían reportarse mediante los mecanismos electrónicos para continuar sus actividades a distancia y evitar que se les aplicaran descuentos salariales por inasistencia. Ante esta indicación, los participantes comenzaron a retirarse.
Los empleados señalaron que estarán pendientes de las instrucciones que reciban para conocer cómo continuará su jornada laboral y si existe algún acuerdo que les brinde certeza sobre su continuidad dentro de la institución.
El origen del conflicto es el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, emitido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que establece evaluaciones para determinar el desempeño y la permanencia del personal de carrera judicial, incluidos secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
El modelo contempla una calificación máxima de 100 puntos: 40 corresponden al examen teórico, 22.5 a la evaluación del titular del juzgado o tribunal, 10 al historial profesional, 10 a productividad, 7.5 a la valoración de compañeros y otro 10 por ciento a ética, valores y atención ciudadana.
Los inconformes cuestionan especialmente el peso de la evaluación que realizarán jueces y magistrados, pues consideran que podría propiciar decisiones discrecionales, presiones internas o represalias laborales.
Su principal preocupación es que los resultados se conviertan en un mecanismo para separar trabajadores de sus cargos. Los exámenes están programados para diciembre de 2026.
El paro fue convocado también en entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Chiapas.
