Autoridades policiales confirmaron extraoficialmente que el atentado ocurrido la mañana del pasado lunes 30 de junio en San Antonio Mihuacán, municipio de Santa María Coronango, fue perpetrado con granadas de fabricación casera activadas a distancia, una de las cuales no explotó y estaba oculta dentro del vehículo donde fueron hallados restos humanos desmembrados. Los dos policías, hombre y mujer lesionados por la explosión, fueron dados de alta y están fuera de peligro.
La zona donde se perpetró el ataque es un camino rural entre campos de cultivo, donde las lluvias recientes habían dejado el terreno lodoso. El vehículo en cuestión, un Honda rojo con placas R27AXT, fue el centro de una emboscada mortal que por poco termina en tragedia para los cuerpos de emergencia.
De acuerdo con reportes oficiales, las granadas fueron colocadas en serie y activadas remotamente —presuntamente por medio de un celular— al momento en que policías y peritos comenzaban las diligencias de levantamiento. Una mujer policía estatal y un comandante municipal de Coronango fueron alcanzados por las esquirlas, pero ya se encuentran fuera de peligro, aunque aún presentan leves secuelas físicas y auditivas.
La granada que no explotó, según fuentes consultadas, era la de mayores dimensiones y fue hallada entre los cuerpos desmembrados dentro del auto, lo que evitó una tragedia de proporciones aún mayores.
Este atentado ya fue adjudicado públicamente en redes sociales por el grupo criminal “La Barredora”, organización que, en sus publicaciones, asegura que el objetivo era el actual titular de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado, identificado por nombre clave “Sauce”.
Fuentes policiales consultadas indicaron; “ojalá en la Fiscalía tomen en cuenta la violencia que atrae Sauce, ya mataron a dos compañeros de la policía municipal de Puebla cuando él era subsecretario, ojalá que en la Fiscalía no esperen a que haya más muertos para hacer los cambios necesarios”.
Este hecho representa una escalada sin precedentes en la violencia del crimen organizado contra las instituciones de seguridad en Puebla. Desde ahora, todas las diligencias de este tipo deberán contar con equipo antibombas, ante el riesgo latente de nuevos ataques con artefactos explosivos improvisados.
