A cinco días de la explosión de una caldera en los baños públicos La Providencia, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, los afectados continúan en la indefensión y sin una solución a los daños que dejó la detonación. De acuerdo con el abogado de las víctimas, José Jaime Velázquez López, ninguna autoridad municipal se ha hecho cargo de atender integralmente el problema, pese a que hay viviendas severamente dañadas, familias que no pueden regresar a sus hogares y pérdidas materiales que podrían alcanzar entre 15 y 20 millones de pesos.
Ante esta situación, el litigante solicitó la intervención urgente del Gobierno del Estado de Puebla para que funja como mediador y garante de que se cumpla la ley, se deslinden responsabilidades y se encuentre una solución para las personas afectadas.
Explicó que los baños La Providencia se encuentran en los límites territoriales entre Puebla capital, específicamente Romero Vargas, y el municipio de Cuautlancingo. Esta situación ha propiciado que, hasta el momento, ninguno de los dos ayuntamientos asuma la responsabilidad de atender a los damnificados.
El abogado detalló que, de acuerdo con las evaluaciones preliminares, seis inmuebles resultaron severamente afectados: cuatro ubicados en la parte posterior de los baños y dos en la parte frontal, entre estos últimos un establecimiento donde funciona una carnicería. El monto global de los daños se estima entre 15 y 20 millones de pesos.
Sin embargo, señaló que el representante de los baños La Providencia no ha podido acreditar que el establecimiento cuente con una póliza de seguro que garantice la reparación de todos los daños, ni ha demostrado tener capacidad económica para cubrir semejante cantidad.
La situación es particularmente complicada para cinco familias que no han podido regresar a sus viviendas debido a las afectaciones. Actualmente permanecen alojadas con familiares o conocidos y algunas ni siquiera tienen condiciones para preparar sus alimentos. Son los propios vecinos quienes les han proporcionado comida para ayudarlas a sobrellevar esta emergencia.
Es una situación desesperante, enfatizó el abogado, quien insistió en que resulta indispensable la intervención de las autoridades para evitar que los afectados continúen abandonados a su suerte.
Respecto a las personas lesionadas, informó que todavía hay tres que presentan condiciones delicadas. Entre ellas se encuentra un hombre que viajaba en uno de los vehículos alcanzados por la explosión, quien cuenta con seguridad social, pero está en riesgo de perder su empleo debido a que las lesiones le han impedido presentarse a trabajar.
También mencionó a una persona que habitaba el departamento número cuatro y sufrió quemaduras de primer grado, así como a un joven que se encontraba en la parte inferior de los baños y resultó lesionado.
Velázquez López consideró urgente que se realicen estudios estructurales en todos los inmuebles afectados, pues hasta el momento no se han efectuado las evaluaciones necesarias para determinar si existen condiciones de seguridad para que las familias regresen a sus hogares.
Cabe recordar que, inicialmente, el Ayuntamiento de Cuautlancingo se deslindó de la responsabilidad, al señalar que los permisos de los baños no los otorgó la actual administración. Sin embargo, al día siguiente de la explosión, algunos afectados exhibieron documentación en la que constan permisos de funcionamiento expedidos por el actual Ayuntamiento de Cuautlancingo.
Mientras tanto, las familias siguen esperando una respuesta, en medio de daños millonarios cuya reparación, hasta ahora, no tiene garantía de pago.








