Carlos N., expresidente del Comisariado Ejidal de Santa Rita Tlahuapan, ha sido vinculado a proceso por el delito de abuso de confianza, tras ser aprehendido el 16 de agosto de 2024 en Querétaro. La detención se llevó a cabo gracias a una investigación conjunta entre la Fiscalía del Estado de Puebla y la Fiscalía de Querétaro, que esclareció su participación en un fraude millonario contra ejidatarios.
La Fiscalía de Puebla reveló, en voz de la titular de la Fiscalía de Investigación Regional, Elba Rocha Patiño, que el 27 de septiembre de 2018, Carlos N., junto con Juan N. y María Guadalupe, quienes ocupaban los cargos de tesorero y secretaria, respectivamente, recibieron un cheque por la cantidad de 176 millones 231 mil 515 pesos. Esta suma correspondía a una indemnización para los afectados por la construcción de la autopista México-Puebla, en Santa Rita Tlahuapan.
Según la investigación, los tres funcionarios presuntamente desviaron el dinero destinado a los ejidatarios, realizando movimientos bancarios personales que dejaron vacía la cuenta donde se debía depositar el monto. Esta acción fraudulenta privó a los afectados de la compensación económica que les correspondía.
La Fiscalía de Puebla presentó una orden de aprehensión contra Carlos N. y sus copartícipes el 4 de febrero de 2022. La captura de Carlos N. en la Carretera Libramiento Norponiente, a la altura del Fraccionamiento Sonterra en Querétaro, marcó un avance significativo en el caso. Posteriormente, el 17 de agosto de 2024, se le formuló imputación en audiencia, donde su defensa solicitó la duplicidad del término para la determinación de su situación jurídica, resultando en la imposición de prisión preventiva justificada.
Este 22 de agosto de 2024, la Fiscalía logró la vinculación a proceso de Carlos N. por abuso de confianza, asegurando que todos los implicados en el caso están ahora sujetos a proceso judicial. La vinculación de Carlos N. marca el cierre de la fase de aprehensión y vinculación para todos los responsables, garantizando que las personas implicadas en este grave delito están enfrentando las consecuencias legales correspondientes.
La resolución del caso representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el ámbito local, destacando el compromiso de las autoridades por asegurar justicia para los ejidatarios afectados. Se espera que el proceso judicial continúe avanzando para esclarecer completamente las responsabilidades y asegurar que los culpables respondan ante la justicia.
