Un intento de linchamiento se registró la noche del sábado y madrugada del domingo en la junta auxiliar de San Antonio Juárez, perteneciente al municipio de Tzicatlacoyan, luego de que pobladores retuvieran y agredieran a tres personas acusadas de haber robado un vehículo, en hechos ocurridos durante un jaripeo que se desarrollaba en la comunidad.
De acuerdo con la información disponible, habitantes detectaron a los presuntos responsables del robo y, en lugar de entregarlos de inmediato a la autoridad, decidieron retenerlos por cuenta propia, congregándose inicialmente un grupo de entre 30 y 50 personas. Con el paso de los minutos, la situación se salió de control.
Los señalados fueron Miguel C. de la R., de 44 años; Elena M. J., de 30 años, y una menor de 11 años identificada como Sofía C. M. Mientras la tensión aumentaba, los pobladores ingresaron al masculino al área donde se realizaba el jaripeo.
En ese punto, el escenario escaló a un nivel crítico: entre 500 y 600 personas rodearon y comenzaron a golpear al hombre, impidiendo el acceso de las corporaciones de seguridad, en lo que claramente se configuró como un intento de linchamiento. La agresión colectiva ponía en riesgo inminente la vida del presunto delincuente.
Ante la gravedad de los hechos, se activaron protocolos de contención y diálogo. Como primera acción, una mujer y la menor de edad lograron ser extraídas del grupo, evitando que también fueran víctimas de la violencia. Ambas fueron trasladadas a instalaciones oficiales para su valoración y resguardo.
Horas más tarde, y tras intensas negociaciones con los pobladores, se consiguió rescatar al masculino, quien presentaba múltiples golpes producto de la agresión colectiva. La intervención evitó que el intento de linchamiento concluyera en una tragedia mayor.
Durante varias horas, fuerzas de distintos municipios permanecieron desplegadas en la zona para contener a la multitud y prevenir nuevos brotes de violencia. Finalmente, la situación fue controlada y las personas retenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación legal.
Este caso vuelve a encender las alertas sobre los intentos de linchamiento en comunidades, donde la justicia por propia mano, alimentada por la indignación y la desconfianza institucional, coloca tanto a presuntos delincuentes como a pobladores en escenarios de alto riesgo que pueden terminar en homicidios colectivos.
