Un bebé recién nacido perdió la vida dentro de la clínica particular Nueva Esperanza, en la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla. La familia acusa que el deceso se debió a negligencia médica y que, además, los responsables del inmueble pretendieron encubrir lo sucedido para evitar sanciones legales.
De acuerdo con el testimonio de Blanca Lilia, tía del menor, el parto se realizó mediante cesárea programada el 1 de octubre. Apenas una hora después del nacimiento, los familiares advirtieron que el recién nacido comenzaba a tornarse morado, pero el personal únicamente respondió que lo colocarían en una incubadora. Más tarde, la familia descubrió que en realidad lo habían puesto en una cuna radiante, aparato que no cumple las funciones vitales de una incubadora.
La situación se volvió más alarmante cuando observaron que los médicos improvisaron, utilizando una bolsa de guantes de látex como sonda gástrica. A pesar de que insistieron varias veces en que el bebé no se veía bien, las enfermeras desestimaron las advertencias e, incluso, respondieron con molestia.
Los familiares solicitaron la presencia de la pediatra, pero esta nunca acudió a tiempo. Fue hasta que el médico de guardia entró al cuarto, cerró la puerta e intentó maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se pidió apoyo urgente. La pediatra llegó minutos después, mientras se solicitaba una ambulancia especializada para trasladar al pequeño.
Cuando los paramédicos arribaron, informaron que el recién nacido llevaba al menos media hora sin vida. Aparentemente la intención del personal de la clínica era entregarlo ya sin signos vitales para que el fallecimiento no quedara asentado dentro del establecimiento.
Los familiares también denunciaron que los administradores intentaron convencerlos de enviar el cuerpo directamente a una funeraria con la que supuestamente tienen convenios, e incluso plantearon llevarlo al domicilio de los padres para reportar el hecho como “muerte de cuna”. La familia se opuso tajantemente y advirtió que mover el cuerpo sin dar aviso a las autoridades constituye un delito.
Ante la presión de los familiares y la denuncia pública, la Fiscalía General del Estado acudió a la clínica, aseguró el lugar, abrió una carpeta de investigación y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia que determine la verdadera causa del fallecimiento.
De manera paralela, personal de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), de la Secretaría de Salud llegó al inmueble, desalojó a quienes se encontraban dentro y, tras realizar una revisión, colocó sellos de suspensión por irregularidades en su funcionamiento.
El caso ha generado indignación y consternación, no solo entre los familiares sino también en la comunidad, donde se exige una investigación pronta y clara. Y que se aclare si fue o no una negligencia. En caso afirmativo el clamor social exige la aplicación de todo el peso de la ley.
