Pese a haber sido absuelto del delito de homicidio simple intencional y aborto, un Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento determinó no extinguir el proceso penal que aún enfrenta José María Sosa Álvarez, relacionado con la desaparición de Paulina Camargo Limón, joven con quien sostenía una relación sentimental en 2015.
La resolución fue emitida tras una larga audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Puebla. A pesar de los argumentos presentados por su defensa, los tres jueces que integran el tribunal resolvieron mantener vigente la acción penal por desaparición, motivo por el cual José María continuará en prisión.
Desde las afueras del recinto judicial, los abogados particulares del joven taekwondoín, Rubenelle Fernández Rodríguez y Mario Martínez Vidal, declararon a medios de comunicación que solicitaron el sobreseimiento de la causa, al considerar que los elementos usados en este proceso ya fueron analizados y descartados en un juicio anterior.
Fue el pasado 12 de abril de 2024 cuando la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla revocó la sentencia de 16 años y 6 meses de cárcel dictada contra José María, por los delitos de homicidio y aborto. En ese fallo se declaró su absolución total, debido a la falta de pruebas contundentes.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado continúa utilizando esa misma carpeta de investigación para sustentar el proceso por desaparición de persona, lo que la defensa considera como una transgresión al principio de “non bis in ídem”, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
“Los elementos probatorios son los mismos, pero ahora se intenta imputarle otro delito. La Fiscalía ni siquiera ha podido establecer cómo, cuándo o de qué forma participó Chema en la supuesta desaparición”, lamentaron los litigantes.
Debido a esta decisión judicial, José María N. permanecerá recluido en el Cereso de San Miguel, donde ya suma casi una década privado de la libertad, sin que exista una sentencia firme en su contra.
Sus abogados adelantaron que en las próximas semanas promoverán un juicio de garantías para exigir que se respete el principio de cosa juzgada y, eventualmente, se le conceda la libertad.
