Por lo menos son cerca de 2 mil millones de pesos lo que se debe a los más de 10 mil trabajadores que tienen expedientes laborales por resolver en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 33 de Puebla, esta cifra es el cálculo conservador, considerando un promedio de 200 mil pesos por persona, aunque habrá casos en que la cantidad reclamada es superior.
Estas cifras están basadas en los estimados que dio a conocer Leobardo Soto Martínez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Puebla.
Este lunes, por tercera vez en una semana se manifestaron expertos en derecho laboral y trabajadores para exigir la no desaparición de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 33, pues pretenden enviar sus expedientes a Tlaxcala y Oaxaca, lo cual es en detrimento de la economía y salud de los trabajadores, lo cual este diario dio a conocer hace una semana.
Los abogados y trabajadores bloquearon la circulación por la 31 Poniente entre la 27 y 29 Sur. También mantienen tomadas las instalaciones de la Secretaría del Trabajo Federal para evitar que los expedientes y las pruebas de los casos puedan desaparecer.
Trabajadores y sus abogados defensores exigen que la Junta número 33 no desaparezca hasta que se concluya el último de los más de 10 mil casos que hay en curso. Los abogados laboristas, además de recurrir a juicios de amparo, aseguran que enviaron un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigirle justicia, pues esta medida favorece a los empleadores y no a los trabajadores.
El abogado Leiver Martínez Cortés consideró que: “Si aquí en Puebla no se logró administrar justicia a estas personas, no va a llegar la justicia a sus manos. El tema del traslado a otras entidades implica pagar viáticos, estamos hablando que tienen que sufragar gastos en el tema de hospedaje, alimentación, transporte y la disponibilidad de tiempo. Y no solamente son personas que viven aquí en la ciudad de Puebla, son personas que viven en el interior del estado los que se están viendo afectados” destacó el abogado laborista.
Cabe destacar que, además de las afectaciones económicas que implica el traslado de los expedientes poblanos otras entidades, también hay un obstáculo de salud, pues la mayoría de los afectados tienen avanzada edad, acusan enfermedades o discapacidades, lo que haría necesario viajar con un acompañante a otras entidades y eso duplicaría todos los gastos, además del incremento natural en los gastos por representación legal.
LEOBARDO SOTO LÍDER LA CTM SE SUMA EN APOYO A LOS TRABAJADORES
El líder de la CTM Puebla, Leobardo Soto, considera que la determinación de la Secretaría del Trabajo Federal, de desaparecer la Junta Federal número 33: “Carece de un sustento jurídico, nosotros argumentamos que tenemos más infraestructura jurídica en Puebla. Nosotros estamos demandando que la Junta Federal se quede en Puebla hasta que se resuelva el último expediente”.
El líder de la CTM indicó que los afectados por esta medida federal son, no solo 10 mil trabajadores, sino 10 mil familias poblanas.
“Los perjudicados son más de 10 mil trabajadores y sus familiares, muchos demandan su pensión por accidente de trabajo, las resoluciones por incapacidades, las resoluciones ante las Afores, ante el Infonavit, ante la Comisión Federal de Electricidad y desde luego los despidos injustificados por empresas de competencia federal” destacó Leobardo Soto.
Leobardo soto hizo el siguiente cálculo de la afectación a los poblanos: “Nosotros estamos haciendo un cálculo promedio por cada laudo 200 mil a 500 mil pesos a favor de los trabajadores.
Imagínate esto multiplicado por 10 mil expedientes, cuánto es el perjuicio que le están haciendo a trabajadores y sus familiares. Hoy vimos trabajadores ya mutilados, trabajadores ya de la tercera edad que llevan años buscando la justicia laboral a través de esta dependencia. Hay 10 mil expedientes que superan los 2 mil millones de pesos a favor de los trabajadores”.
Consideró que esta medida puede ser una estrategia del gobierno federal para de un solo plumazo deshacerse de por lo menos 3 mil expedientes: “Lo que vemos es que prácticamente, de los 10 mil, quieren deshacerse, más o menos, de 3 mil expedientes de un plumazo. Eso no lo podemos permitir”.
El líder cetemista por ello destacó: “Hacemos el llamado al señor gobernador a que nos ayude a entablar diálogo con el gobierno federal, con la Secretaría del Trabajo, y llegar a acuerdos, y que la justicia llegue a estos 10 mil trabajadores”.
Indicó que por parte de la CTM Puebla están sumándose solicitando la intervención del gobierno del estado e informando de lo que ocurre en Puebla a los líderes nacionales de la CTM.
CONSIDERACIONES DE ALGUNOS ABOGADOS
Domingo Isabel Cortés, abogado laborista dijo a este diario: “Nos mandan a Oaxaca a Tlaxcala y son gastos para los trabajadores, lo que va a ocasionar que en un momento dado tengan que dejar sus asuntos, pues no van a poder solventar viajar a Oaxaca y los demás gastos que eso implica”.
Leiver Martínez, señaló que en resumen tienen dos peticiones a las autoridades laborales: la primer es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se quede aquí en Puebla para resolver todos los asuntos que tiene bajo su encomienda; y segundo que se recontrate a los trabajadores que fueron despedidos de sus trabajos en la Junta Federal.
“Desconocemos el motivo de fondo para la desaparición de la Junta Federal, si el tema no es un tema de presupuesto porque existe un presupuesto de egresos del año 2024 etiquetado para el pago de sueldos y salarios del personal”.
AFECTADOS SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN MUY VULNERABLE
Alejandro Mena Vicencio, de 80 años de edad, es un hombre que desde hace 10 años reclama una pensión por ascendencia. Su hija fue asesinada (antes de que existiera el delito de feminicidio) y él y su esposa de 75 años dependían de ella.
Durante 10 años no le han podido conceder la pensión por la que lucha, los años siguen pasando y cada vez se acorta más el tiempo que el y su esposa puedan gozar de la pensión a la que tienen derecho. Cabe destacar que los asesinos de su hija ya están en libertad.
Otro caso es el de José David Mateo Rojas, quien es padre soltero y en un accidente laboral perdió su pierna derecha. Ese hecho ocasionó que sus dos hijos tuvieran que dejar de estudiar por falta de recursos.
“Las personas en mi condición no tenemos los recursos suficientes para acudir hasta Oaxaca o a otra entidad, yo vengo desde Ciudad Serdán.
Tengo que pagar un gasto y se me hace injusto que quieran mover las oficinas hasta Oaxaca”, por lo que exigió que la Junta Laboral se quede en Puebla.
Otra de las afectadas por esta resolución federal es Rocío Alemán, quien comentó para este diario: “Tengo 20 años en un juicio, es ilógico que ahora nos quieran mandar lejos. Estoy peleando primero un despido injustificado y después unas diferencias de salarios. Y ahora voy a tener que pagar para ir hasta allá, se me hace muy injusto”. Esta mujer empezó su juicio cuando tenía 43 años de edad, actualmente tiene 63 y aún no hay fecha para que le resuelvan su caso.
