Dos mujeres de nacionalidad colombiana que presuntamente eran obligadas a prostituirse fueron rescatadas durante un cateo realizado en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, en la ciudad de Puebla. En el mismo operativo fue detenido Hermilo N., quien ya fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de trata de personas.
Las acciones derivaron de una investigación iniciada por autoridades federales luego de que se recibiera una denuncia en la que se señalaba que una mujer era mantenida contra su voluntad dentro de un domicilio, donde presuntamente era obligada a ejercer la prostitución.
Con base en esa información se abrió una carpeta de investigación y se realizaron diversas indagatorias que permitieron ubicar el inmueble señalado en la denuncia.
Fue así como el pasado 27 de febrero se ejecutó una orden de cateo en una vivienda ubicada en la calle Privada A de Plan de Guadalupe, dentro de la colonia San Baltazar Campeche. Durante el operativo se logró la detención de Hermilo N., señalado como el presunto responsable de retener a mujeres para explotarlas sexualmente.
En el mismo lugar fueron localizadas y rescatadas dos mujeres originarias de Colombia, quienes presuntamente eran obligadas a prostituirse en ese inmueble.
De acuerdo con la información oficial, las víctimas habrían sido retenidas y sometidas a condiciones de explotación, mientras el detenido presuntamente obtenía beneficios económicos derivados de su actividad.
Tras su captura, Hermilo N. fue presentado ante un juez federal, quien determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito de trata de personas, específicamente en la modalidad de retener a una o varias personas con fines de explotación sexual, así como por beneficiarse de la explotación de una o más personas a través de la prostitución.
Con esta resolución judicial, el acusado enfrentará el proceso penal correspondiente mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.
Las mujeres rescatadas quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes se encargarán de brindarles atención y acompañamiento tras haber sido identificadas como posibles víctimas de explotación.
