Marilyn Cote, la mujer acusada de hacerse pasar durante años como psiquiatra en Puebla sin contar con estudios ni cédula profesional en esa especialidad, intenta obtener su libertad mediante una suspensión condicional del proceso judicial que enfrenta por usurpación de profesión y amenazas.
La solicitud ha provocado preocupación e inconformidad entre varias de las personas que la denunciaron, pues consideran que, si consigue abandonar la prisión preventiva, podría escapar y evadir la acción de la justicia.
De acuerdo con testimonios recabados entre los agraviados, la imputada, originaria del estado de Tlaxcala, promovió a través de su defensa legal una audiencia en la que buscará que el juez suspenda temporalmente el proceso penal a cambio de ofrecer una supuesta reparación del daño.
Las víctimas señalaron que la diligencia fue programada para este 26 de mayo a las 14:00 horas y se realizará mediante videoconferencia.
Los denunciantes explicaron que Marilyn N. cuenta con estudios en Derecho, además de una maestría en Criminalística y un doctorado en Psicología; sin embargo, recalcaron que jamás obtuvo preparación académica en Psiquiatría, pese a que durante años presuntamente atendió pacientes como especialista en salud mental.
El caso causó gran impacto durante 2024, cuando comenzaron a surgir denuncias de pacientes que acusaban a la mujer de recetar medicamentos psiquiátricos sin estar facultada legalmente para ello.
Las acusaciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y el caso generó una ola de críticas e indignación pública.
Posteriormente, autoridades sanitarias clausuraron de manera definitiva el consultorio donde atendía, ubicado en Torres Médicas II, sobre el Anillo Periférico, en San Andrés Cholula, luego de detectar diversas irregularidades.
Más tarde, Marilyn N. fue detenida, vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva.
Ahora, las víctimas aseguran temer que el caso pueda tomar un giro inesperado si el juez concede la suspensión condicional del proceso.
Incluso revelaron que a una de las personas afectadas le habría ofrecido una cantidad menor a los 10 mil pesos como reparación del daño, situación que calificaron como ofensiva e insuficiente.
Los denunciantes también pusieron en duda que la acusada tenga la capacidad económica real para responder conforme a derecho a todas las víctimas que aseguran haber resultado afectadas por sus acciones.
Además, señalaron que la mujer representa un posible riesgo social, pues afirmaron que continúa realizando actividades como guía espiritual dentro del penal de Ciudad Serdán, pese a las acusaciones que enfrenta.
Otro de los puntos que preocupa a los agraviados es que Marilyn Cote presuntamente ha comenzado a argumentar problemas de salud, situación que consideran podría formar parte de una estrategia para obtener beneficios judiciales o un cambio de medida cautelar.
Ante este escenario, hicieron un llamado público a las autoridades judiciales para evitar que la imputada abandone la prisión preventiva y continúe enfrentando el proceso penal recluida.
