El comandante Alejandro N., quien hasta hace poco encabezaba investigaciones en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, fue vinculado a proceso por el delito de intimidación, luego de que amenazara con arma de fuego a un ciudadano para impedir que denunciara a Federico N., alias “El Patuleco”, señalado por múltiples desapariciones (y presuntos homicidios) en el estado de Puebla.
De acuerdo con las indagatorias, Alejandro N. se presentó directamente en el domicilio del afectado y lo amagó con un arma, advirtiéndole que se abstuviera de señalar al presunto delincuente. El objetivo era proteger a “El Patuleco”, un criminal acusado de reclutar jóvenes para narcomenudeo y prostitución, además de colaborar con bandas dedicadas al robo de transporte de carga en carreteras. A este criminal se le relaciona con la desaparición y homicidio de más de 20 personas.
Tras conocerse los hechos, la Fiscalía General del Estado inició una investigación interna, que derivó en una orden de aprehensión contra el ahora exfuncionario. El pasado 29 de julio fue detenido y recluido en el penal de San Miguel, donde permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por el juez que valoró los elementos aportados por el Ministerio Público durante la audiencia.
Por seguridad, el comandante fue ingresado en un área especial del centro penitenciario para resguardar su integridad física, dado su perfil y sus antiguos vínculos operativos dentro de la institución.
Esta aprehensión marca el inicio de una purga interna al interior de la Fiscalía. Según informó la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, tan solo días después de la captura de Alejandro N., cuatro agentes especiales presentaron su renuncia. Aunque no se especificó si también tenían nexos con grupos criminales, la titular de la FGE subrayó que “solitos caen”, en referencia a los funcionarios que están bajo la lupa por corrupción o complicidad con el crimen organizado.
Apenas este martes, se sumó otro escándalo: un agente del Ministerio Público fue detenido por el delito de cohecho, luego de que presuntamente exigiera 39 mil pesos para liberar un vehículo asegurado.
La limpieza apenas comienza y todo indica que más cabezas rodarán.
