La tarde de este martes, el penal de San Miguel volvió a colocarse en el centro de la polémica, luego de que un grupo de familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) se manifestara en los accesos del centro penitenciario. ¿La exigencia? Que el interno Ernesto Orea, señalado como el cabecilla del autogobierno, sea trasladado a otro penal por supuestas extorsiones y abusos cometidos al interior del reclusorio.
Con lonas, cartulinas y gritos, bloquearon el Camino al Batán en ambos sentidos. Los inconformes acusaron que Orea, presuntamente, opera con el respaldo de autoridades penitenciarias y que controla zonas estratégicas como Visita Íntima, Celdas de Observación y Clasificación, así como el área de Carpintería. Todo, dicen, como parte de una red de cobros y control absoluto.
De forma anónima —por miedo a represalias—, relataron que las personas privadas de la libertad deben pagar “cuotas” para tener acceso a estos espacios o, de lo contrario, enfrentan castigos físicos. Además, aseguraron que sus familiares son hostigados desde el penal con llamadas telefónicas en las que se les exige dinero a cambio de la integridad de los reos.
La protesta llevó a personal de la Secretaría de Gobernación del estado a establecer una mesa de diálogo con los manifestantes. Como resultado de esa primera reunión, se acordó que en los próximos días se realizará una mesa interinstitucional con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y otras dependencias, para abordar a fondo las denuncias y brindar seguimiento.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado negó categóricamente las acusaciones. Mediante un comunicado, la SSP rechazó que existan irregularidades o colusión con internos dentro del penal de San Miguel.
El tema no es nuevo, pero los manifestantes aseguran que esta vez no darán marcha atrás hasta que las autoridades actúen.
