Un caso de presunta violencia familiar agravada y despojo ha generado indignación en la Sierra Norte de Puebla. Don Oliverio Pérez, adulto mayor originario de la junta auxiliar de Tzitzicazapa, en el municipio de Tlaola, denunció haber sido golpeado y despojado de documentos de alto valor por sus propias hijas, en un hecho que también dejó lesionado a su hermano, una persona con discapacidad visual.
Los hechos ocurrieron en diciembre pasado, cuando, de acuerdo con la denuncia, Yehimi Pérez y Leticia Pérez arribaron al domicilio familiar aprovechando la ausencia del padre. Al regresar, Don Oliverio fue recibido con agresiones físicas: golpes en distintas partes del cuerpo lo hicieron caer al suelo, donde —según su testimonio— continuaron pateándolo.
En medio de la agresión, su hermano, Carlos Pérez, quien es invidente, intentó intervenir para auxiliarlo, pero también fue atacado. El hombre quedó tendido con lesiones en la cabeza, evidenciando la violencia con la que se desarrollaron los hechos.
Además de las agresiones, las señaladas habrían ingresado al inmueble para sustraer documentación relevante, entre ella escrituras de la vivienda, contratos de compraventa de un terreno, facturas de vehículos y documentos relacionados con una concesión de taxi, así como otros objetos de valor.
Tras lo ocurrido, Don Oliverio acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente, con lo que se inició una carpeta de investigación. Sin embargo, el caso fue canalizado a mecanismos alternativos de solución de controversias, donde se firmó un acuerdo en el que las presuntas responsables se comprometían a devolver los documentos. Ese compromiso, según la víctima, nunca fue cumplido.
El afectado señaló que, al insistir en el seguimiento del caso, autoridades ministeriales le indicaron que el asunto ya estaba resuelto, negándole mayores acciones legales. Ante esta situación, decidió acudir a una jornada institucional donde buscó exponer su caso, pero nuevamente encontró una respuesta limitada, con sugerencias de conciliación familiar en lugar de una intervención legal.
Frente a lo que considera una cadena de omisiones, Don Oliverio y su hermano formalizaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en su sede de Huauchinango, donde quedó asentada la denuncia por presunta negligencia de servidores públicos.
El adulto mayor ha hecho un llamado directo a las autoridades estatales para que su caso sea revisado a fondo, se garantice la restitución de sus derechos y, en su caso, se sancione a quienes hayan incurrido en irregularidades.
“Lo único que pido es justicia”, expresó, al tiempo que advierte que continuará buscando instancias que escuchen su caso.
