Blanca Alcalá Ruiz, quien es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vivió en carne propia un aterrador episodio de violencia en la autopista Puebla-México a la altura de Chalco. El lunes, mientras circulaba por la pista, fue interceptada por un grupo armado que, bajo amenaza, la privó de su libertad.
Reportes extraoficiales señalaron que los agresores, utilizando vehículos con luces estroboscópicas similares a las empleadas por patrullas oficiales, le cerraron el paso, obligándola a detenerse.
Según información preliminar, la legisladora, quien también ha sido presidenta municipal de Puebla (2008-2011), viajaba por la mencionada autopista cuando varios hombres armados la obligaron a descender de su vehículo. Tras ser privada de su libertad, los delincuentes la despojaron de todas sus pertenencias y, después de amenazarla, la dejaron en libertad en un lugar no especificado.
Hasta el momento, se desconoce con precisión qué objetos le fueron robados, pero trascendió que la intención principal de los criminales era cometer un robo.
Blanca Alcalá Ruiz, quien ha desempeñado otros cargos como diputada local, senadora de la República y actualmente diputada federal para la LXV Legislatura del Congreso de la Unión (2021-2024). Después del violento episodio Blanca Alcalá se comunicó con sus familiares y se puso a salvo. Trascendió que posteriormente presentó denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla.
La Fiscalía ya se encuentra trabajando en la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque. Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el caso ni las características de los agresores. No ha habido algún comunicado por parte del equipo de la diputada.
En su red social X, antes Twitter, @SoyBlancaAlcala se mantuvo activa en las últimas horas, de lo cual se deduce que la diputada se encuentra fuera de peligro.
Este ataque a una funcionaria pública de alto perfil pone en evidencia la inseguridad en las carreteras del país y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto a los ciudadanos como a los servidores públicos de este tipo de delitos.
