Inerte, en un sepulcro apócrifo cavado con una pala, el cuerpo de Ana Itzel yacía en un terreno baldío en el ejido de Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, el 26 de mayo de 2014. El cadáver putrefacto de la adolescente permaneció entre la tierra siete días hasta que fue identificado.
“Vengo yo porque Ana Itzel ya no pudo venir” se leía en una cartulina blanca con letras rojas en una procesión, en silencio, que exigía justica horas antes de que el padre de la menor fuera responsabilizado (sin anteponer la palabra presunto) del asesinato, por las autoridades.
Tres años más tarde recibió sentencia absolutoria después de que se acreditaran irregularidades en el proceso y manipulación de pruebas. El crimen, uno de los tantos por los que organizaciones de la sociedad civil pidieron la declaratoria de alerta de género para Hidalgo por “el aumento de violencia feminicida”, ahora no tiene culpable.
Juan Carlos Escamilla Rodríguez, padre de la adolescente, fue presentado por Alfredo Ahedo Mayorga, secretario de Seguridad Pública estatal en la administración de José Francisco Olvera Ruiz, como el autor material del crimen y fue recluido el 25 de junio de 2014 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, donde estuvo privado de su libertad 720 días, hasta su liberación el 15 de junio de 2016 por falta de elementos para procesar.
Asimismo, tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de “ultrajes”, por el cual había sido detenido (averiguación previa 12/SPM/758/2014), aunque fue procesado por feminicidio.
Siete meses después de su liberación, obtuvo sentencia absolutoria; por lo tanto, no hay culpable por este asesinato debido a que la “confesión”, que Escamilla Rodríguez acusó rindió bajo tortura, pero no se realizó el Protocolo de Estambul, era el principal elemento por el cual fue incriminado.
Las probables inconsistencias en el caso, además de la detención por “ultrajes”, consisten en las pruebas que valoró el juez Porfirio Austria Espinoza, quien fue amonestado por incurrir “en una ilegal motivación” al acreditar la comisión del delito, que presentaron dos agentes de la Coordinación de Investigación, entonces a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH): Jesús Castro Rojo y Valentín Eduardo Vázquez.
En el informe que ambos elementos entregaron, “prueba” que, junto al testimonio del padre, es la única en la que se basó el juez para acreditar la responsabilidad del padre en la violación, muerte y sepultura clandestina de la menor, ellos narran que bajo los efectos de la cocaína, el señor trasladó a la hija —sin atarla— en una motocicleta de tamaño reducido, por un camino escabroso, junto con una bolsa de ropa, una pala y un pico para cavar una fosa y enterrarla, lo cual, a consideración del juez federal, carecía de verosimilitud.
Por estas contradicciones, en el amparo 813 del juzgado tercero de distrito, se considera que Porfirio Austria “no valoró de manera íntegra las pruebas”.
A los agentes de investigación, que acumulan 29 quejas en la Comisión de Derechos Humanos por tortura, el exrecluso Escamilla Rodríguez los acusa de prácticas inhumanos y crueles con las que, insiste, lo obligaron a firmar una declaración en la que confesaba el asesinato (causa penal 117/2014), en la que el juez federal también encontró inconsistencias: por ejemplo, que el supuesto victimario asegura que la niña no accede al domicilio y que fue privada de la vida en la entrada del mismo; sin embargo, el juzgador hizo referencia que sí ingreso, “tan es así que su uniforme se encontraba en la casa, al igual que una tina de agua tibia”, por lo tanto, no pudo ser abusada sexualmente a la entrada a su hogar sin que nadie se percatara.
La madre de la menor, Janet Téllez, pidió que, tras la absolución de su esposo, se esclarezca este crimen que, sin presunto culpable ahora, tiene tres años impune.
El subprocurador de Procedimientos Penales región Poniente, Ricardo César González Baños, dijo a La Silla Rota que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) retomará el caso para continuar con la indagatoria.
“Tenemos tiempo y facultades para continuar con la investigación”, expuso el funcionario respecto al plazo de seis meses que establece el Código de Procedimientos Penales, con el objetivo de identificar en qué etapa las pesquitas se desvirtuaron.
Asimismo, dio a conocer que no hay proceso en contra de os dos agentes que posiblemente incurrieron en manipulación de pruebas y tortura, debido a que “no hay una denuncia formal”; sin embargo, comprometió que de encontrar elementos que corroboren las acusaciones en su contra, serán sujetos a investigación.
Las 29 quejas en la Comisión de Derechos Humanos, añadió, deberán ser analizadas, sin prejuzgar la culpabilidad de estos agentes.
González Baños aseguró que esta nueva Procuraduría tiene la disponibilidad de esclarecer este caso, que data de la etapa en que la fiscalía estuvo a cargo de Alejandro Straffon Ortiz, para que no quede impune.
Fuente: http://lasillarota.com/acusaron-a-su-padre-de-asesinarla-y-violarla-pero-el-caso-sigue-sin-resolverse#.WKSuCPnhCUl
