Debido a la crisis de seguridad que se vive en la ciudad de Puebla, desde el Observatorio Ciudadano Laboral Poblano convocamos a los rectores de las universidades públicas y privadas a participar el próximo 9 de julio a las 10 horas a la marcha ciudadana #PoblanosPorLaPaz, que sin tintes políticos ni partidistas busca exigir a las autoridades crear estrategias de seguridad pública y el combate frontal a las bandas delictivas que tienen el control del estado.
También invitamos a directivos, profesores, estudiantes y trabajadores de las universidades a contribuir en este empeño.
Pedimos que nos acompañen y se concentren el 9 de julio en el Parque Paseo Bravo, para marchar de este punto al zócalo de Puebla.

marcha por la paz
El movimiento ciudadano por la paz es una respuesta de la sociedad civil organizada ante la ola de violencia en el estado de Puebla.
No podemos permitir que tan sólo en mayo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública revele que al día dos mujeres están siendo violadas sexualmente, mientras paralelamente ocurren tres asesinatos en promedio.
Estamos seguros que esta descomposición social de la que somos víctimas los habitantes de Puebla es consecuencia de la guerra contra el huachicol que aumentó exponencialmente durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Llamamos a los poblanos a manifestarse contra la violencia que producen los grupos criminales y contra la de los cuerpos de seguridad del gobierno estatal, que están vinculados con estas bandas delictivas.
El principal objetivo de la marcha #Poblanos por la paz es manifestar los agravios que la violencia ha generado a la sociedad, y evidenciar la inseguridad que por un sexenio mantuvo oculto el gobierno de Moreno Valle.
Además de reclamamos al gobernador Antonio Gali Fayad el combate real a la delincuencia, a fin de disminuir la incidencia delictiva que rebasó a las autoridades.
En los últimos días hemos sumado a la marcha #Poblanos por la paz a los legisladores Socorro Quezada Tiempo, Alejandro Armenta y Rodrigo Abdala, pero también a una decena de organizaciones sociales, colectivos, empresarios y ciudadanos independientes.

telefono-rojo
Esta vez nos acompañan, los compañeros del Movimiento Ciudadano que se suman a la movilización sin fines políticos ni partidistas.
El Observatorio Ciudadano busca construir un pacto estatal contra la inseguridad en la que participe la ciudadanía para que de manera articulada se trabaje en una nueva estrategia de combate a la delincuencia que hasta el momento ha sido equivocada por parte de las autoridades.
En ese contexto, el Observatorio Ciudadano Laboral Poblano también convoca a todos los partidos políticos a participar en esta movilización.
Queremos la unidad de todos los sectores de la población para exigir a las autoridades en turno dar resultados a la ciudadanía que reclama justicia y castigo a los delincuentes.
Que en Puebla no quede impune ningún homicidio, feminicidio, robo de combustible, asalto con violencia al transporte público y otros delitos que en el último año forman parte de nuestra cotidianidad.

Ante lo expuesto demandamos:

1.-Que el gobierno trabaje en una nueva estrategia de seguridad, donde incluya la experiencia de la ciudadanía, académicos y expertos en la materia.
2.-Que reconozca los feminicidios que se han cometido en lo que va del año. De enero a junio suman 55 casos, de los cuales la Fiscalía General del Estado sólo admite 36 crímenes de odio.
3.-Que el gobernador Antonio Gali Fayad y el alcalde de Puebla Luis Banck Serrato combatan la corrupción y la impunidad desde adentro de sus gobiernos.
4.- Demandamos acabar con la raíz económica y ganancias que genera el huachicol y la trata de personas, con redes internacionales desde Puebla.
El robo de combustible es un problema en el que están involucrados algunos carteles del narcotráfico, que cometen la mayoría de los robos, pero también grupos integrados por ex policías, empleados gubernamentales y empresarios, según indican investigaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
5.- Exigimos programas de atención a jóvenes para frenar su incursión en actos delictivos, y la recuperación del tejido social en comunidades como Palmarito Tochapan, La Purísima, Guadalupito Las Dalias y otros pueblos del interior del estado, donde sus habitantes a la falta de empleo dan respaldo al crimen organizado.