Odilón Larios Nava / @odylarios
Hartos de presuntos actos de corrupción a manos de un Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), particulares y representantes de empresas de seguros, exigieron la intervención del fiscal general Víctor Antonio Carrancá Bourget, para que cesen estas malas prácticas en la dependencia que encabeza. Los actos indebidos que denunciaron ocurren en el proceso de liberación de vehículos involucrados en accidentes de tránsito.
Las personas entrevistadas, quienes por miedo a sufrir represalias solicitaron el anonimato, aseguran que el funcionario al cual señalan ni siquiera firma o pone su nombre en los documentos a los que se encarga de “dar el visto bueno” y de pedir y recibir las “mochadas” para que liberen los vehículos.
Ante la pregunta de ¿Por qué no han procedido legalmente en contra de este funcionario?, respondieron que han estado a punto de presentar quejas en Contraloría, pero sus clientes no se han decidido a proceder por miedo a que esos funcionarios tomen represalias y así evitar más problemas y que les retarden más la recuperación de sus unidades, que en estos casos son vehículos de transporte de pasajeros.
Fueron claros al señalar que el funcionario que les pide dichos “moches” es el Ministerio Público Jesús H. A este personaje fuentes cercanas a la Fiscalía lo identificaron como compadre y presuntamente protegido por el Fiscal Regional Jaime Huerta Ramos.
A continuación se da a conocer la forma en cómo se realiza este probable acto de corrupción, que señalan los entrevistados: “Se presenta un accidente y los vehículos involucrados deben ser asegurados por las autoridades policiales y puestos a disposición del Ministerio Público. En teoría el Ministerio Público y un director deben verificar la documentación. Y sin más, una vez que se cubren los requisitos las unidades deben ser devueltas a sus legítimos propietarios, pues la documentación solo exige la firma del Ministerio Público y la revisión de un director.
Pero la entrega del vehículo no se realiza en este momento, como debería ocurrir. Y aquí es donde interviene Jesús H., quien por alguna razón se ha colocado en la última parte del proceso burocrático de la devolución, es decir es quien da el último visto bueno. Pero su firma y su nombre nunca aparecen en los documentos”.
Es en ese momento cuando Jesús H., no acude a las citas que tiene con los interesados y así es como sigue alargando y dilatando el proceso de devolución, los quejosos aseguran que como forma de forzarlos, porque no se presenta a las citas, lo que incrementa los costos del corralón y las pérdidas para sus clientes. Entonces cuando por fin los recibe, este funcionario les dice que puede acelerar la entrega si “le ponen” entre 14 mil a 25 mil pesos, según el caso.
Esto es lo que dijo uno de los empleados de aseguradoras: “Ya cuando llegamos ahí, nos dicen los ‘emepes’ – Mps – que tenemos que hablar con, pues no sé si sea su jefe, es un abogado llamado Jesús H(…). Tratar de conversar con él es muy difícil porque nos cita y no llega, dice que está en otro lado, nos tiene ahí esperando. Ya cuando tenemos la urgencia por nuestros clientes, nos dice ‘sí lo vamos a autorizar, pero le falta un oficio, le falta esto… lo podemos agilizar si tú nos apoyas con 14 o 15 mil pesos te lo devolvemos ahorita’. Le decimos que esa cantidad no lo tenemos – y él responde – ‘Tú me traes el dinero y te entrego el oficio sin ningún problema, aunque le falte lo que le falte’. Han sido cuatro ocasiones que yo he platicado con él que me dice exactamente el mismo proceso”.
Las acciones cometidas contra esta persona han ocurrido en Tepexi de Rodríguez, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros. Pero otros de los agraviados señalan que es lo mismo en Tehuacán, Tecamachalco y Ciudad Serdán.
Representantes de aseguradoras señalan que han optado por recurrir a la audiencia correspondiente, que es muy tardada. Uno de ellos afirmó que incluso en un caso que ya había tramitado la audiencia, Jesús H., se comunicó con él y le dijo ‘bueno ya ponle 5 mil y ya te lo devuelvo´.
En otro hecho, el propietario de un autobús de los llamados turísticos dijo que reunió todos los requisitos para liberar la unidad, meses después, por lo que tuvo que pagar una cantidad de 60 mil pesos por concepto de piso y de arrastres de grúas, y que aparte le estaban pidiendo 25 mil pesos de “cooperación”.
Los entrevistados afirmaron que esta situación es muy difícil para ellos, por lo que solicitan la intervención del fiscal Carrancá Bourget para que encuentre una solución a estas malas prácticas.
FGE PROMETE AGILIZAR DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS
A manera de agilizar la entrega de vehículos en el interior del estado, La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Investigación Regional, implementó el nuevo trámite para la devolución y recuperación de vehículos. Esta acción redujo los requisitos para la entrega de los mismos, ahora, simplemente se acredita la propiedad, se recibe el informe de Plataforma México para determinar el estatus de la unidad y se extraen calcas de los medios de identificación, asimismo se recibe el informe del remitente o policía que pone a disposición la unidad para para tener certeza que el vehículo no presenta alteración alguna.
Es importante destacar que en un plazo que no exceda de 20 días, se procederá a la devolución del vehículo, desde luego respetando las reglas exigidas para vehículos involucrados en hechos de tránsito o en otros hechos delictivos que impliquen intervención pericial. Lo anterior, reduce gastos de corralón y tramitología que pueda generar corrupción.
Si hubiera algún servidor público involucrado en algún hecho, será sancionado conforme a la ley. La Fiscalía General exhorta a la ciudadanía a que en caso de tener alguna queja, presente su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General.
