El director del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Arturo Cruz Andrade, intenta lavarse las manos y evadir su responsabilidad en la fuga de un recluso, la cual ocurrió la tarde del 26 de octubre. Cruz Andrade, desconociendo los aspectos jurídicos básicos (o con alguna mala intención) puso a disposición por la evasión de reo a dos empleados del área jurídica y a un custodio del penal, pero el Ministerio Público de Flagrancias debió rechazarlo porque no se cumplía con los supuestos de flagrancia.
Personas cercanas al caso han acusado ante este diario que se están violentando los derechos humanos de los dos empleados del área jurídica y del custodio, pues oficialmente no están detenidos, pero el director los tiene privados de la libertad, pues aseguran que en vez de liberarlos los mantiene retenidos en oficinas del CERESO de Cholula.
“El director quiere evadir su responsabilidad en este caso, pero se le olvida que por ley el debió firmar la boleta de liberación. Entonces pueden fincársele responsabilidades por omisión, por eso está muy interesado en que la culpa recaiga en otros”, indicaron las fuentes consultadas por este diario.
En estos momentos el área de asuntos internos ha iniciado una investigación en contra de los dos jurídicos y el custodio, pero las fuentes señalan que en este caso el propio director, a quien señalan de falta de experiencia, también debería ser investigado y en su caso sancionado.
LA FUGA: UN ERROR DE PRIMARIA
De acuerdo con las fuentes consultadas, el reo Luis Gerardo López Jiménez, quien se encontraba recluido por el delito de robo agravado en calidad de tentativa y daños a propiedad ajena, fue sacado del penal para acudir a una audiencia donde buscaba la suspensión provisional del proceso en su contra (existen medios alternos de solución de conflictos que le permiten lo anterior al no ser delitos graves).
En la mayoría de los casos similares, casi siempre (por no decir siempre) los reos consiguen la suspensión que les permite quedar en libertad. Sabiendo lo anterior, el jefe del área Jurídica y el jurídico de turno, comenzaron con los trámites necesarios para realizar la boleta de liberación como ha ocurrido en otras ocasiones, y así avanzar el trabajo.
Con la boleta realizada, como en otras ocasiones, la llevaron al área de custodios, en donde les indicaron que les dejaban la boleta, pero que como en otras ocasiones, debían esperar la confirmación de los Juzgados, que es el último requisito y candado.
Sin embargo, la audiencia de Luis Gerardo López Jiménez ante el Juez de Control fue suspendida, y por ello debía regresar y permanecer en el penal, hasta que se efectuara la audiencia pendiente y se conociera la resolución del Juez.
Todo marchaba bien el martes 26, hasta que por la noche solicitaron novedades y los custodios informaron que todo estaba en orden y que lo único relevante era la liberación de Luis Gerardo. Fue en ese momento cuando explotó el problema.
Los jurídicos indicaron a los custodios que no debieron haber liberado al reo, pues la confirmación de los Juzgados nunca llegó. Pero ya era tarde, Luis Gerardo había sido liberado.
Un día después, el miércoles, con el problema encima, al director Alberto Cruz Andrade le pareció buena idea privar de la libertad a los dos empleados del área jurídica y a uno de sus custodios, y llevarlos detenidos ante el Ministerio Público de Flagrancias en el C5.
El Ministerio Público le hizo saber que había cometido un error porque su detención era ilegal, pues no se cumplía el principio de flagrancia. En ese momento debió comenzar una investigación y liberar a las personas que fueron detenidas ilegalmente.
Sin embargo, Cruz Andrade, volvió a cometer otro erro, en vez de liberar a las personas y ordenar una investigación, se los llevó al CERESO de Cholula en donde hasta la tarde de este jueves los mantenía indebidamente privados de la libertad.
Las fuentes consultadas indicaron que la intención del director es a toda costa fincarles responsabilidad a los tres funcionarios, y él evadir su responsabilidad. Las fuentes afirman que el director en este caso debe también ser investigado, pues habría podido incurrir en omisión, pues la boleta de liberación debió haber sido firmada por él.
