Los hombres ultimados por el comando armado que ingresó a San Isidro Monterrosas, en el municipio de Palmar de Bravo, estaban reunidos planeando el rescate del hijo de uno de ellos, el cual había sido “levantado”. Fue durante esa reunión cuando más de 20 camionetas con sujetos que portaban armas largas llegaron y abrieron fuego contra los hombres que estaban en el lugar.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) por medio de su departamento de comunicación indicó que podría tratarse de un asunto entre bandas dedicadas al robo de hidrocarburo, fuentes de la policía investigadora señalaron que la forma de operar del comando armado que los atacó es propia de una organización criminal altamente peligrosa y no concuerda con la forma de operar de los llamados huachicoleros.
Las primeras investigaciones arrojaron que los hoy occisos: Osvaldo Ruíz Sánchez, de 39 años, Ramón Guillermo Cruz Campos, de 59 años, Edgar de Jesús Villafañez, de 39 años y Jorge Hernández Jiménez, de 37 años de edad, estaban reunidos en el rancho propiedad de Campos Cruz.
Los hombres se encontraban planeando el rescate de uno de sus hijos que fue privado de la libertad por un comando armado algunos días antes. Se encontraban en un rancho ubicado en la avenida Reforma Norte, en Monterrosas, cuando siendo minutos antes de la una de la mañana del jueves, llegó el comando armado y abrió fuego sembrando muerte en el lugar.
Osvaldo y Ramón perdieron la vida en el lugar, donde sus cuerpos fueron levantados por las autoridades ministeriales. Donde además se aseguraron cinco vehículos con impactos de bala y casquillos de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Mientas que Edgar murió en el Centro Médico de Tecamachalco y el regidor de Hacienda de Quecholac, Jorge Hernández falleció en el Hospital General de Tecamachalco. Todos a consecuencias de heridas por armas de fuego.
La carpeta de investigación que se inició por este acontecimiento violento fue la 137/2017 de Tecamachalco. Al ser un hecho vinculado a la “delincuencia organizada” la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) informó del caso a la Procuraduría General de la República (PGR), indicó en entrevista el fiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget.
La versión que difundió la Fiscalía por medio de su área de prensa indicando que se trataba de un hecho entre “huachicoleros” causó reacciones negativas entre las poblaciones del Triángulo Rojo, las cuales fueron dadas a conocer en redes sociales. Los comentarios indicaban que la forma en cómo operó el comando armado no es la forma de actuar de los “chupaductos”, sino propia de la delincuencia organizada. Lo cual coincide con las opiniones recabadas con agentes investigadores, quienes solicitaron se les mantuviera en el anonimato.
