La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares enfrenta severos cuestionamientos internos por presuntas deficiencias en su operación, decisiones discrecionales y una creciente carga de expedientes que, según fuentes consultadas por este reportero, ni siquiera corresponden a su ámbito de competencia.
De acuerdo con testimonios obtenidos bajo condición de anonimato, desde que María Luisa del Pilar Aparicio Solano asumió como encargada de despacho de dicha fiscalía (en enero del 2025), el área atraviesa un periodo de falta de dirección. Las fuentes sostienen que la funcionaria carecería de experiencia suficiente en la materia y que, en los hechos, las decisiones relevantes serían tomadas por uno de los titulares (son tres mandos medios llamados “titulares”), Elodia Francisco Sotero.
Según las versiones recabadas, Elodia Francisco Sotero tendría influencia en la determinación de qué carpetas de investigación reciben mayor atención, cuáles continúan su integración y cuáles permanecen rezagadas. Los informantes señalaron que desconocen los criterios utilizados para ello y consideraron que sería pertinente revisar si dichas determinaciones se apegan plenamente a los procedimientos institucionales.
Las mismas fuentes afirmaron que diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han solicitado en distintas ocasiones cambios en la estructura de mando de esa fiscalía, para ser precisos: han solicitado la destitución de Elodia Francisco Sotero. Planteamientos que, aseguran, incluso han sido expuestos directamente a la fiscal general Idamis Pastor Betancourt. Sin embargo, sostienen que tales peticiones no han prosperado.
Otro de los señalamientos apunta a la carga excesiva de trabajo que enfrenta esa fiscalía debido a que otras áreas de la Fiscalía General del Estado remitirían expedientes que corresponden a delitos distintos, como violencia familiar, homicidios, privaciones de la libertad, secuestros, robo de vehículos e incluso conflictos derivados de disputas familiares por la custodia de menores.
Las fuentes indicaron que esa práctica provoca que la fiscalía especializada opere como un “depósito” de investigaciones ajenas a su competencia, situación que reduce el tiempo y los recursos destinados a los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, precisamente el objetivo para el cual fue creada.
Añadieron que, incluso en algunos asuntos relacionados con violencia familiar, existirían casos en los que, pese a identificarse desde un inicio como conflictos entre particulares, se orientaría a los denunciantes para acudir a la fiscalía especializada, incrementando aún más la carga laboral del área.
Asimismo, señalaron que otros mandos de la fiscalía, entre ellos María Inés Dromo Gutiérrez y Juan Mateo González, tampoco habrían impulsado medidas para corregir esta situación.
Ante este panorama, las fuentes hicieron un llamado a la fiscal general Idamis Pastor Betancourt para revisar el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, delimitar con precisión las competencias de cada unidad y evaluar el desempeño de sus mandos, con el propósito de fortalecer la atención a las víctimas y mejorar la eficacia de las investigaciones.
