El juez Enrique R. R., de 58 años, permanecerá recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez luego de que un juez de control lo vinculara a proceso por su probable responsabilidad en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, así como por evasión de presos. El funcionario, quien se encuentra separado temporalmente de sus funciones, enfrentará la investigación complementaria bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La resolución se dictó durante una audiencia celebrada el pasado 26 de octubre, la cual concluyó esa misma noche. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal contra el imputado, sin que ello implique que se haya demostrado su culpabilidad.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalan que Enrique R. R. presuntamente incurrió en una omisión en septiembre de 2024, cuando habría dejado de remitir las constancias de un proceso penal al juez de ejecución itinerante en Puebla. De acuerdo con la hipótesis ministerial, esa falta habría permitido que una persona evadiera la prisión el 18 de septiembre de aquel año.
El funcionario fue detenido el 20 de octubre, durante un cateo realizado en su domicilio, ubicado en la colonia El Ángel, en la ciudad de Puebla. Después de su captura, fue trasladado al centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.
Fuentes policiales indicaron que, durante el operativo, el juez presuntamente habría intentado ofrecer dinero a los agentes para evitar que ejecutaran la orden de aprehensión. Sin embargo, los elementos continuaron con el procedimiento judicial correspondiente.
Poder Judicial fija postura
Tras conocerse la detención, el Poder Judicial del Estado de Puebla manifestó que la legalidad y la rendición de cuentas deben prevalecer en el servicio público. También destacó que las conductas individuales no representan necesariamente el desempeño del conjunto de la institución.
Asimismo, informó que, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el Consejo de la Judicatura emitió 30 resoluciones en materia de responsabilidades administrativas, 18 de ellas con sanciones para servidores públicos.
Antecedentes polémicos
Enrique R. R. también fue investigado por su presunta intervención en un intento de favorecer a Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a más de 70 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert, ocurrido en 2014. En ese contexto, dos secretarios de acuerdos fueron suspendidos.
El juez fue incluido en una serie de movimientos judiciales y posteriormente se acordó su reincorporación a labores a partir del 19 de octubre, en un juzgado de Cholula. Sin embargo, su detención y posterior vinculación a proceso mantienen su situación jurídica bajo investigación.
