La mujer asesinada a balazos el jueves por la tarde en Izúcar de Matamoros era testigo protegido en el caso de agresión a dos mujeres periodistas y activistas, por parte de policías y funcionarios del gobierno municipal de Irene Olea. El próximo lunes comparecería a favor de las víctimas en el juicio, autoridades policiales señalaron que el móvil del crimen podría tener que ver con el caso de las periodistas.
La mujer asesinara es María del Socorro Barrera Sánchez, conocida como Coquito por parte de sus familiares. Hasta el mes de marzo ocupó el cargo de titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en el municipio de Matamoros.
Reportes policiales indicaron que, la mujer estaba acondicionando un espacio en donde tenía pensado montar una taquería.
Un sicario motorizado la estaba cazando, pasó por delante de dicho establecimiento y confirmar que se encontraba allí, dio la vuelta y regresó para abrir fuego en contra de la fémina.
Ella alcanzó a correr hacia el autolavado que está al lado, donde uno de los trabajadores intentó protegerla. A ese hombre el matón le disparó en tres ocasiones, dejándolo mal herido. Mientras que a la mujer la remató en ese lugar. Inmediatamente después el hombre escapó, indicaron fuentes policiales cercanas a este diario.
Las mismas fuentes confirmaron que la Fiscalía General de la República tenía a Coquito como testigo protegido en el caso de tortura y abuso sexual denunciado por las periodistas Natali y Michelle, así como miembros del Colectivo Marea Púrpura. Por lo cual cada día policías estatales la visitaban cuatro o cinco ocasiones, contando con las firmas de dichas visitas.
VINCULADOS A PROCESO
El 17 de mayo del presente año la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo vinculación a proceso en contra de 11 servidores públicos de Izúcar de Matamoros, Puebla, por la presunta comisión de delitos cometidos para encubrir agresiones en contra de dos periodistas.
El caso inició debido a las agresiones que sufrieron dos periodistas detenidas en el marco de las manifestaciones públicas por el Día de la Mujer en Izúcar de Matamoros. Los servidores públicos presuntamente realizaron actos para ocultar las agresiones y vejaciones en contra de las víctimas desde su detención hasta que fueron liberadas.
Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T” y Mariela “M”, todos elementos de la policía municipal; Jesús “V”, quien ostentaba el cargo de Juez Calificador; Yeralda “V”, auxiliar jurídica de la Sindicatura, y Luis “P”, asesor jurídico; asimismo, Marco «E», director de Seguridad Pública Municipal, Santiago “M”, coordinador jurídico del municipio y Omar “F”, síndico municipal. Todos, fueron vinculados por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de informes dados a una autoridad, ya que probablemente modificaron y falsearon los informes sobre la investigación de la privación de la libertad de las comunicadoras, con la finalidad de ocultar las vejaciones de las que fueron objeto durante su detención.
Adicionalmente, se vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, en contra de Jesús «V», quien ejercía el cargo de Juez Calificador, sin contar con el título de Licenciado en Derecho que exigía la normatividad correspondiente para ese cargo.
Asimismo, para garantizar la presencia de las y los servidores públicos vinculados durante el proceso, así como la seguridad de las periodistas, a petición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juzgador impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, así como un plazo de investigación complementaria por dos meses.
SE INVESTIGARÁ HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
Sobre este crimen se pronunciaron el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el secretario de gobernación Javier Aquino Limón, quienes confirmaron la agresión y se comprometieron a que se investigará hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables.
Cabe destacar que se deberán reforzar las medidas de seguridad para las otras dos testigos protegidos de este caso.
Las investigaciones del asesinato de Coquito están a cargo de la Unidad de Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado.
