Miguel Ángel D. B., de 33 años de edad, uno de los dos hombres detenidos el pasado miércoles tras enfrentarse con la Policía Municipal de Texmelucan, perdió la vida en el Hospital Integral de ese municipio a causa de las heridas de bala que recibió durante el tiroteo. Su cómplice permanece con vida y podría aportar información clave sobre las actividades ilícitas que realizaban juntos.
Este caso ha causado indignación social, ya que el ahora occiso había sido beneficiado con medidas cautelares blandas a pesar de su historial delictivo, indicaron fuentes policiales a este diario. Miguel Ángel estaba vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, sin embargo, también era investigado por delitos de alto impacto y considerado un generador de violencia. A pesar de estos antecedentes, un juez le permitió continuar su proceso en libertad, con la única condición de portar un brazalete electrónico.
Según fuentes policiales, Miguel Ángel aprovechó esa condición para continuar delinquiendo hasta el pasado miércoles, cuando, junto con su cómplice, protagonizó una persecución armada con policías en la colonia El Arenal. El enfrentamiento terminó en las inmediaciones del paraje conocido como “El Hoyo” en el tianguis, donde un policía municipal resultó gravemente herido y permanece hospitalizado en estado grave pero estable.
Durante el intercambio de disparos, Miguel Ángel resultó con heridas de bala que lo llevaron a la muerte horas más tarde en el hospital. Su cómplice fue detenido con vida y permanece bajo resguardo de las autoridades.
Este hecho ha reavivado la polémica sobre las decisiones judiciales que permiten la liberación de presuntos delincuentes peligrosos. En este caso, aunque el delito por el que fue vinculado no se considera grave, existían suficientes indicios de su peligrosidad, lo que vuelve cuestionable la decisión del juez.
La ciudadanía exige a las autoridades judiciales revisar el criterio con el que se conceden medidas cautelares, para evitar que personas con antecedentes de violencia y otras investigaciones en curso continúen cometiendo delitos. En este caso, la laxitud judicial costó la vida de un delincuente y dejó a un oficial entre la vida y la muerte.
