El Notario Público Sergio P. G., de filiación morenovallista, fue vinculado a proceso por el uso de documento falso. El Juez de Control otorgó ordenó que el político de origen veracruzano y titular de la Notaría Pública número 9 del Distrito Judicial de Cholula, enfrente el proceso penal en libertad; pero deberá cumplir con las siguientes medidas cautelares: arraigo domiciliario, no acercarse a los testigos, tiene prohibido salir del estado y deberá cubrir una garantía económica de 20 mil pesos.
De manera oficial la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que: “En enero de 2017, Sergio N. presentó en la entonces Dirección General de Archivos y Notarías del Estado de Puebla una constancia de prácticas notariales, presuntamente apócrifa, situación de la que tomó conocimiento la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
La Fiscalía constató que Sergio N. nunca realizó las prácticas notariales asentadas en la constancia que usó para obtener la patente de aspirante al ejercicio de notariado y que le permitió obtener la titularidad de una Notaría Pública en el Distrito Judicial de Cholula.
Entre los actos de investigación desarrollados, se incluyen la revisión de expedientes y la realización de entrevistas e inspecciones, entre otros” hasta aquí termina la cita del comunicado oficial.
La audiencia de vinculación a proceso ocurrió el pasado 9 de septiembre en el Centro de Justicia Puebla, en donde el Ministerio Público expuso ante el Juez de Control los datos de prueba con los que cuenta, y solicitó la vinculación a proceso de Sergio P.
Luego de que el Juez de Control escuchó los argumentos del representante social y del abogado defensor, consideró que existen elementos necesarios para vincular a proceso al imputado.
Cabe destacar que Sergio P. fue diputado local y federal entre los años 2000 y 2006, y del 2011 al 2017 se desempeñó como Procurador Fiscal del Gobierno del Estado de Puebla, durante el mandato de Rafael Moreno Valle.
Tras la vinculación a proceso el Juez de control fijo un plazo de seis meses para el periodo de investigación complementaria. Aunque el imputado enfrentará el proceso en libertad, deberá guardar las siguientes medidas cautelares: arraigo domiciliario, no salir del estado, firmar cada primer lunes de mes, no podrá acercarse a los testigos y una exhibición económica de 20 mil pesos.
Este caso es parte del proceso para revocar 29 notarías que fueron autorizadas en el mandato de Moreno Valle y cuatro que fueron concedidas en la minigobernatura de Antonio Gali, todas ellas presentan supuestas irregularidades en su asignación.
