Denuncian cobros abusivos, y aparentemente fuera de la legalidad, por parte de personal del área de Vialidad del municipio de Huauchinango en contubernio con Grúas Garay. Al denunciante le pretenden cobrar un total de 24 mil pesos para recuperar su motoneta que le fue asegurada tras sufrir un accidente, sin que se hayan registrado daños a terceros o a la infraestructura.
El accidente ocurrió el pasado 20 de mayo (2022) en el bulevar Bicentenario, en donde Eduardo H. N., sufrió un percance vehicular. El hombre resultó lesionado y fue llevado al Hospital General de Huauchinango.
Los familiares fueron notificados del percance y les indicaron en ese momento que Eduardo se encontraba en calidad de detenido y la motoneta asegurada. Pese a ser un percance vehicular no les entregaron nunca alguna boleta de infracción, y en el reporte de los agentes no se señala ningún daño a terceros o a la infraestructura.
El agraviado y el propietario de la moto, por cuestiones personales no pudieron ir a reclamar la moto hasta 200 días después. Previamente pasaron al área de Vialidad para que les dieran la liberación del vehículo.
Extrañamente los agentes nunca hicieron una hoja de infracción, relató a este diario el asesor de los agraviados. Al presentarse en las oficinas de esa dependencia, de palabra dijeron al propietario de la moto que solo debían pagar 2 mil pesos y que ya no había problema. Dicha suma de dinero fue cubierta por el agraviado, indicó su asesor.
Con la hoja de liberación acudieron al inmueble que sirve como corralón a cargo de Grúas Garay. En ese momento los responsables del lugar les indicaron que podían llevarse la moto luego de pagar un monto total de 22 mil pesos, 1 mil pesos del arrastre y 21 mil pesos por concepto de corralón. Cabe resaltar que el corralón, que en realidad es una bodega, hace algún tiempo estuvo asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por investigaciones relacionadas con presuntos hechos delictivos.
Lo anterior les pareció increíble y sumamente abusivo. Por lo que acudieron a asesorarse y así es como supieron que el tabulador estatal marca un costo de 16 pesos por día por concepto de corralón en caso de motocicletas. Por los 200 días que debían hasta ese momento hacían una suma de 3 mil 200 pesos, incluso agregándole el IVA la suma marcada por el tabulador no alcanzaba los 4 mil pesos, indicó el asesor de los agraviados.
De acuerdo con el asesor de los afectados, Grúas Garay está cobrando poco más de 100 pesos por día de corralón, tarifa que corresponde a los tráilers según el tabulador. El asesor resaltó que el tabulador marca 16 pesos por día de corralón en caso de motocicletas.
Es por ello que los afectados procedieron a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ante la Secretaría de Movilidad y Transporte. Los agraviados exigen la intervención de las autoridades para poner un freno a los abusos de Vialidad del municipio de Huauchinango y de Grúas Garay.
PRECIOS ABUSIVOS DE ALGUNAS EMPRESAS DE GRÚAS
Pese a existir un tabulador, algunas empresas de servicio de grúas siguen haciendo de las suyas en varios puntos del estado haciendo cobros excesivos.
Un automovilista nos relató su caso, tras ser chocado el pasado 18 de diciembre en la autopista a la altura de la gasolinera 24 horas, en La María, con dirección a México. Llegó una unidad de Grúas Picazo.
El servicio consistió en abanderar, enganchar los dos vehículos involucrados, echarse de reversa hasta quedar en la lateral de la autopista (aproximadamente 50 metros en reversa). Luego de lo cual los conductores de ambas unidades llegaron a un acuerdo.
En ese caso, de cuerdo con uno de los automovilistas, la grúa cobró 10 mil pesos a cada uno de los automovilistas, es decir 20 mil pesos en total por el servicio, donde el arrastre fue de aproximadamente 50 metros.
Consultando con personal de otras empresas de grúas, nos indicaron que por ese servicio, de acuerdo con el tabulador con el que cuentan, grúas Picazo debió cobrar entre 4 mil a 5 mil pesos en promedio (por cada vehículo). Es decir, que de acuerdo con esos cálculos, dicha empresa cobró 100 por ciento más del precio fijado por las autoridades estatales.
