El empresario gallero, Jorge Aduna Villavencio, acusado de acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE), por medio de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) del secuestro y homicidio de seis jóvenes de la colonia Lomas de San Miguel, fue puesto en libertad la madrugada de este viernes, tras la obtención de un amparo de la justicia federal.
Aduna Villavencio abandonó la prisión de máxima seguridad de Durango, durante las primeras horas del pasado viernes. La defensa del empresario gallero demostró que hubo irregularidades en la detención de Aduna, como es el caso de los cateos realizados a sus propiedades en la colonia San José El Conde, en los límites entre Puebla y Tlaxcala, donde la FISDAI afirmó haber encontrado restos humanos.
Como antecedentes hay que mencionar que la Fiscalía informó en su momento que Aduna mandó a algunos de sus empleados a levantar a los seis hombres desaparecidos, porque supuestamente habrían ingresado a robar a una de sus casas, en donde los delincuentes habrían atacado a una mujer de su familia.
En venganza, dijeron las autoridades, el empresario hizo justicia por propia mano. Por ello fue ingresado al penal de San Miguel junto con algunos de sus empleados y supuestos cómplices: Yosafhat Berlanga Flores, Ricardo López Meza, Antonio Cantú García y José Emmanuel Limón Meneses.
Ante la imposibilidad de la Fiscalía de probar que los desaparecidos murieron, seguirá siendo una incógnita saber qué fue lo que ocurrió. Cabe recordar que los desaparecidos – o muertos – son: Marco Antonio Cuautle Cuautle; Román Limón Gómez; Pedro Negrete Orea alias El Peter; Luis Ángel Flores Gutiérrez “El Chivo”; Rogelio Rivera Osorio; Bryan Gerardo Torres Sandoval “El Melones”.
FAMILIARES SE SIENTE DECEPCIONADOS DE LAS AUTORIDADES
Los deudos de los seis hombres desaparecidos (que según la Fiscalía fueron levantados, torturados, ejecutados y sus cuerpos desaparecidos) se dijeron decepcionados y con mucha incertidumbre. Acudieron con las autoridades judiciales y éstas les confirmaron que Jorge Aduna Villavicencio, había quedado en libertad. Los familiares dijeron sentirse impotentes y con mucho coraje.
Además de ello tienen el dolor de la incertidumbre, pues la Fiscalía nunca hizo los exámenes de ADN a los restos que supuestamente encontró en una de las casas de Jorge Aduna, por lo que siguen ignorando si murieron y no saben si esperar encontrarlos vivos.
Los familiares mencionaron que se siente decepcionados de la justicia. Isabel Sandoval, madre de Bryan Gerardo, mencionó: “Sentimos coraje e impotencia porque ese señor sale libre por su dinero. Hasta este momento no sabemos si nuestros familiares están muertos o no”.
La mujer señaló que la Fiscalía les ha informado que no cuentan con un laboratorio que pueda obtener los resultados de ADN con los indicios que encontraron. También mencionó que la han estado siguiendo en camionetas desconocidas por lo que teme por su integridad y la de su familia. Aunque esto último se lo ha hecho saber a las autoridades no cuenta con ningún tipo de protección.
EL DECIR DE LOS ABOGADOS DEFENSORES
Por su parte los abogados del Corporativo “Ramírez Téllez y Asociados”, señalaron que: “Los amparos no se conceden por o para cometer delitos, sino por la violación de los derechos fundamentales contra los inculpados; además con esta última liberación, se pone en tela de juicio las investigaciones de la Fiscalía General del Estado”.
VERSIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía General del Estado, no obstante estar en desacuerdo con la resolución pronunciada por el Poder Judicial Federal respecto del auto de formal prisión dictado en contra de Jorge Aduna Villavicencio y demás copartícipes por el delito de secuestro agravado y que culminó en su libertad, se muestra respetuoso de sus determinaciones.
Como se hizo del conocimiento en anteriores ocasiones, en octubre de 2015, se denunció la desaparición de seis personas en la colonia San Miguel, en el Estado de Puebla por parte de sus familiares.
Una vez que el agente del ministerio público tomó conocimiento de lo sucedido y realizó las investigaciones pertinentes para identificar y localizar a los probables responsables, presentó en calidad de testigos a los portadores de dos líneas telefónicas que formaban parte de la investigación.
De las declaraciones rendidas por estas dos personas, se obtuvieron datos del lugar donde fueron privadas de la vida las víctimas y de los demás copartícipes, procediendo a su detención por caso urgente en términos del artículo 16 constitucional.
De las diversas diligencias realizadas, resalta el cateo que se llevó a cabo en una de las propiedades de Jorge Aduna Villavicencio, lugar en el que se encontraron pertenencias de las víctimas y el vehículo de una de ellas.
En razón de lo anterior, se ejercitó acción penal en contra de Jorge Aduna Villavicencio, Yosafhat Berlanga Flores, Ricardo López Meza, Antonio Cantú García y José Emmanuel Limón Meneses, como probables responsables del delito de secuestro agravado.
El Juez Cuarto de lo Penal en el Estado, ratificó la detención realizada por los agentes de investigación y dictó auto de formal prisión en contra de los detenidos.
Inconforme con el auto, la defensa promovió juicio de amparo en contra de dicha resolución, misma que conoció al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado. En contra de la sentencia emitida por dicha autoridad federal se promovió recurso de revisión, mismo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
La autoridad federal estimó que la detención de los probables responsables fue ilegal, al interpretar que no se dio el caso urgente que prevé y establece el propio artículo 16 constitucional, por lo que, con base en esa interpretación, decidió nulificar diversas pruebas que integran las averiguaciones previas, situación que desde luego esta Fiscalía no comparte.
Cabe resaltar que, aun cuando la autoridad federal en múltiples ocasiones fue desestimando las pruebas, el Juez Cuarto de lo penal dictó en tres ocasiones más auto de formal prisión por contar con elementos suficientes y bastantes para acreditar su probable responsabilidad.
En cumplimiento al último requerimiento realizado por la autoridad federal, se desestimaron otras probanzas, decretando así el Juez Cuarto de lo Penal, auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Esta libertad no implica que las personas que señaló la Fiscalía como probables responsables sean inocentes, sino más bien un problema de criterios respecto el cumplimiento de los requisitos de la figura de caso urgente, de la que han existido diversas posturas. La Fiscalía hará valer todos los recursos de queja procedentes.
Así mismo, una vez que sean devueltas las constancias al agente del ministerio público, se subsanaran las observaciones de la autoridad federal y en su momento se solicitará al Juez del conocimiento lo conducente.
