Representantes legales de la empresa Troy acusan que Carlos M., (hermano de un conocido exdiputado), uno de los propietarios de la exhacienda San Antonio Tamariz, perturba la posesión y la propiedad que ese hombre y su familia cedieron en el 2018 a la empresa Troy como pago por un adeudo de 30 millones de pesos. Los abogados refirieron que dichas personas reclaman la propiedad que ellos mismos cedieron ante notario en el 2018.
Los representantes de la empresa Troy señalan que Carlos ha acudido en diversas ocasiones en los últimos cuatro años a perturbar la propiedad, causando daños. Además, relatan que pertenece a una conocida familia de empresarios en Puebla y que uno de sus hermanos fue diputado local en el periodo legislativo anterior, por lo que temen que puedan utilizar sus contactos con autoridades poblanas para actuar fuera de la legalidad.
Los representantes de Troy explicaron que la familia de Carlos tuvo un adeudo por 20 años con la Unión de Crédito Agrícola y Ganadera del Estado de Tlaxcala, dicho crédito fue adquirido por la empresa Troy.
En el 2018 Troy y la familia dueña de la empresa lechera Tamariz llegaron a un acuerdo. Carlos y su familia cedieron 42 hectáreas de terreno de la exhacienda para cubrir el adeudo. Los representantes de Troy señalan que cuentan con las escrituras y la documentación correspondiente firmada ante Notario.
Sin embargo, señalan que poco después, la familia de la conocida empresa lechera, particular mente Carlos, comenzó a perturbar la posesión de esos terrenos ahora propiedad de Troy, aseguran que en ese tiempo les ha derribado cercas, alambrados, incluso una pequeña construcción que había en el lugar para los veladores.
El último episodio ocurrió el pasado martes, cuando Carlos haciendo gala del poder de su familia llegó hasta el lugar conduciendo una patrulla estatal y siete unidades más de dicha corporación acompañándolo (de lo cual cuentan con videos). Los abogados aseguran que pretendían desalojar a los trabajadores que tienen la posesión de los terrenos, pero no lo lograron.
Indicaron que ante las violaciones a la propiedad privada que han sufrido, iniciaron los procedimientos legales pertinentes y después de seis meses obtuvieron una orden de restricción por parte del Juez de Tepeaca, para que Carlos y su familia se abstuvieran de perturbar la posesión de dichos terrenos, pero extrañamente 24 horas después el mismo Juez dio marcha atrás al mandamiento judicial.
Por todo lo anterior la empresa Troy decidió hacer públicas estas irregularidades, para dejar constancia de lo que está ocurriendo y que las autoridades no presten a actos ilegales. Los representantes de Troy también dejaron en claro que temen que Carlos y miembros de su familia cometan algún acto de violencia contra el personal que se encuentra resguardando el terreno.
