En los pocos meses en que el nuevo Sistema de Justicia Penal se aplica en todo el estado de Puebla ya se observa que el modelo tiene un alto grado de ineficacia y de actos de corrupción, el cual se supone que era un vicio que se iba a reducir con los cambios practicados. Una de las perversiones que ya se ha detectado es que se ponen o se quitan a los defensores de oficio para facilitar que ciertos asuntos se resuelvan a favor o en contra de la victima de un ilícito, y todo esto a cambio del pago de sobornos.
Es un secreto a voces que los protagonistas de esta trama de corrupción y abusos la cometen Gustavo Huerta Yedra, el fiscal de Investigación Regional, junto con Alejandro García Badiola, quien es el director de Defensoría Pública. Ambos funcionarios se supone que deberían actuar como contrapartes, pero no es así ya que son controlados por el fiscal general del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget.
Alguien de la Fiscalía de Investigación Regional está haciendo mucho dinero, en poco tiempo, ya que se ha vuelto constante el cambiar a defensores públicos, principalmente, y también a los litigantes privados, para buscar que ciertos casos tengan una orientación favorable a quien paga los cohechos.
Gustavo Huerta Yedra –quien antes de llegar a Puebla era funcionario en el norte del país, en donde priva el dominio del crimen organizado– ha sido el responsable de implantar el nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado –que desde el año 2013 empezó en Teziutlán como un modelo piloto–, por lo cual tendría que ser quien buscara detectar y combatir las prácticas viciadas, pero no ha sido así, por el contrario es quien ha permitido los cambios de defensores en los momentos previos a las audiencias en que se juzga a los presuntos delincuentes.
Tal situación es posible por la actitud del director de la Defensoría de Oficio, Alejandro García Badiola, quien llegó a ese cargo por una recomendación que Víctor Antonio Carrancá le hizo a Luis Maldonado cuando éste era titular de la Secretaría General de Gobierno.
García Badiola fue pasante en el Despacho Acosta, Araujo y Carrancá de la Ciudad de México, el cual tiene como principal característica que fue el encargado de la defensa de la francesa Marie Florence Louise Cassez Crépin, quien estaba sentenciada a 60 años por secuestro y en 2013 logró salir de prisión e irse de México, al exhibir las ineficiencias y corrupción del sistema judicial del país.
Aunque García Badiola se supone que le debe el puesto a Luis Maldonado y su actuar está supeditado a la Secretaría General de Gobierno, en realidad es un funcionario que siempre ha obedecido a los intereses de Carrancá Bourget.
Y por esa razón ceda vez que desde la oficina de Gustavo Huerta Yedra se pide cambiar a un defensor de oficio, que resulta ser incomodo para la Fiscalía General del estado, sin ninguna objeción se hace el relevo del litigante.
Tal situación se hace casi siempre para favorecer a los acusados de cometer ilícitos y de esa manera puedan ganar sus casos, sin importar las pruebas que tengan en su contra. Es la manera como se acaba torciendo la ley, sin importar el sistema de justicia que se aplique.
Para nadie es un secreto que Gustavo Huerta Yedra tiene una larga lista de hechos controvertidos en la actual administración estatal y que Carrancá le ha solapado todo.
Que a principios de 2014 se supo que Huerta Yedra, en su calidad de subprocurador de Procedimientos Regionales y ya como responsable del nuevo Sistema de Justicia Penal, no aprobó los exámenes de control de confianza, que se supone son indispensable para ocupar una posición en las áreas de seguridad pública o de procuración de justicia.
Por ese hecho no pasó nada, lo cual es un indicativo de que este personaje es uno de los intocables del sexenio.
Ahora el nuevo Sistema de Justicia Penal no está resultando ser la maravilla que el discurso oficial ha vendido.
Se hable de que ye empieza a ver una parálisis institucional por su ineficiencia.
Y quien ha sido responsable es Gustavo Huerta Yedra, pero quienes lo conocen dicen que no le preocupa los pobres resultados que arroja el nuevo modelo de justicia. Mañana le platicaré en este espacio las primeras cifras negras de este asunto.
Policía de San Andrés intimida a periodista de La Jornada de Oriente
El colega José Castañares este domingo se encontraba fotografiando, mediante el uso de un dron de su propiedad, la zona arqueológica de San Andrés Cholula y las inmediaciones de la misma. Es una zona que a diario es fotografiada por miles de visitantes.
Al estar ocupado con la conducción del dron, llegaron tres policías de San Andrés Cholula; dos de ellos iban montados a caballo. Le dijeron que no tenía permiso y que debía ir a la Presidencia Municipal a pagar una multa, ya que ahí se debe pedir un salvoconducto para tomar fotos de la pirámide.
Castañares se identificó con su licencia de conductor, y eso enojó a los agentes, ya que el documento no tenía la dirección privada del colega fotógrafo. Cuando por fin les dijo que sabía que solo el INAH puede regular los permisos en la pirámide, dejaron de molestarlo, no sin antes lanzarle insultos.
Por eso San Andrés vive una crisis de inseguridad. Sus policías, en lugar de perseguir delincuentes, buscan extorsionar a quien toma fotos de la pirámide.
