Inexplicablemente dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), los señalan de la muerte del hombre de 72 años de edad ocurrida el jueves en la colonia Universidades, aunque no existen elementos ni datos de prueba que sustenten las acusaciones del Ministerio Público. Fuentes cercanas a la Fiscalía del estado indicaron que eso fue así “por órdenes de arriba” de la propia institución.
Compañeros de los detenidos se manifestaron este domingo en las instalaciones centrales de la FGE y del Centro de Justicia Penal de Puebla para exigir la liberación de los policías privados de la libertad “de manera injusta”. Aseguran que la detención obedece a cuestiones políticas.
Acusaron que la Ministerio Público (MP) encargada del caso violó el debido proceso al no hacer del conocimiento de la defensa de los policías el contenido de la carpeta de investigación (como es su obligación), tampoco aceptó los datos de prueba que la defensa hizo de su conocimiento. Policías entrevistados indicaron que la MP no aceptó los datos de prueba porque “se quedaba sin caso”.
En especial la MP no aceptó un dato de prueba contundente, el video que captó una de las cámaras de seguridad de un domicilio de la calle Sonora. En el video se observa como el nieto del ahora occiso agredió a golpes a un policía, y como los policías solo responden la agresión para detenerlo, pues además existía un señalamiento de robo en contra del hombre mencionado.
En el video también se observa como Sergio, el hombre de 72 años y su esposa, ambos abuelos del presunto delincuente, obstruyen la acción de los policías para evitar que su nieto sea detenido y así el presunto ladrón logra escapar y momentáneamente ingresar a su domicilio.
Sin embargo, en el video se ve como Sergio, de 72 años, comienza a sufrir un aparente paro cardiaco, los policías incluso intentan ayudarlo. Pero el hombre pierde el conocimiento y perece.
El video es contundente, pues muestra la agresión del presunto delincuente a los policías, también deja claro que los abuelos del probable ladrón obstruyen la labor policial. Y, por último, y más importante, demuestra que los policías en ningún momento agredieron a las personas de la tercera edad, como lo habían manifestados familiares y vecinos del difunto.
Ante la negativa de la MP de admitir el video como dato de prueba (lo cual la dejaba sin caso), los policías municipales, en su afán de conseguir justicia, filtraron el video a medios de comunicación y esa grabación se hizo viral.
Cabe señalar que fuentes cercanas a la FGE no se explican por qué “los mandos” ordenaron detener a los dos policías Oscar Uriel y Pablo Emmanuel, pues afirman que tras el levantamiento del cadáver de Sergio se asentó en el número único de atención temprana 1045/2020/UIEHOM que el cuerpo no presentaba huellas de violencia de ningún tipo, y los peritos desde un inicio señalaron que la muerte ocurrió por una probable causa natural. Además de que asentaron que el abuelito de 72 años, sufría del corazón, era hipertenso y sufría males propios del tabaquismo, lo cual reforzaba la hipótesis del infarto.
Por si fuera poco, fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado indicaron que la necropsia confirmó que el hombre sufrió un infarto. Por ello es inexplicable que los policías estén detenidos señalados de “homicidio culposo, lesiones dolosas y abuso de autoridad”, los compañeros de Oscar Uriel y Pablo Emmanuel, de 21 y 22 años, afirman que fueron víctimas de “un chaleco” (fabricación de delito).
Ante la aparente violación del debido proceso por parte de la Ministerio Público Dolores María Elena C. S., los policías confían en que Oscar Uriel y Pablo Emmanuel quedarán libres después de que se conozcan los detalles del caso en su audiencia inicial. Sin embargo, consideran que ante los datos de prueba que constan desde un inicio, no existía ninguna justificación para privarlos de la libertad, violándose así sus garantías individuales.
Por esas presuntas violaciones al debido proceso por parte de la Ministerio Público, exigen a la Fiscalía que revise el actuar de la servidora, pues se limitó a actuar como parte acusadora y no como lo exige su función “representante social”, y en su caso la sancione de acuerdo a su falta.
