Aquellos que difunden datos personales de los menores de edad acusados de maltrato animal, como los son el niño de 12 años, de Atlixco señalado de zoofilia, y la adolescente de Huauchinango acusada de matar a un cachorro, podrían incurrir en un delito y como tal ser sancionados. Los derechos de los niños y adolescentes están perfectamente señalados en la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Gilberto Higuera Bernal, fiscal general en el estado, y Ulises Sandal Ramos Koprivitza, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, hicieron un llamado general a salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes, asegurando que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigará y aplicará las medidas correctivas a los presuntos responsables.
Ramos Koprivitza destacó que el sistema de justicia integral es una ley nacional que establece un “carácter socioeducativo”. Lo anterior significa que el niño de Atlixco y la adolescente de Huauchinango, muy probablemente no tendrán una sanción privativa de la libertad, sino “sanciones que tienen que ver con asistencia social, el carácter de atención psicológica a las víctimas. Incluso en ambos casos se prevé una asistencia en libertad para los menores de edad que pudieran haber cometido un hecho delictivo de esta característica” precisó el fiscal de derechos humanos.
“Quisiera enfatizar que el Sistema de Justicia Integral es una ley nacional que opera para todos los estados de la República y para la propia federación, en el cual lo primero que se establece en dicha norma es el carácter socio educativo que tiene esta disposición para el tratamiento de cualquier delito que se le pudiera atribuir a los adolescentes.
En segundo lugar, este ordenamiento expresamente nos indica que hay que darle un tratamiento a través de mecanismos alternativos de solución de controversia entre las partes en donde se va a privilegiar, precisamente, esta medida como una solución a los casos” destacó el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos.
En ambos casos, el de Atlixco y Huauchinango, se están haciendo todas las investigaciones y pesquisas necesarias para esclarecer los hechos de manera absoluta, aclaró el fiscal.
Ulises Sandal Ramos, recordó que en el caso de delitos cometidos por adolescentes “las sanciones son diametralmente distintas – a las impuestas a los adultos –. Insisto, el carácter socioeducativo de la norma nos lleva precisamente a sanciones que tienen que ver con asistencia social, el carácter de atención psicológica a las víctimas. Incluso en ambos casos se prevé una asistencia en libertad para los menores de edad que pudieran haber cometido un hecho delictivo de esta característica”.
En este sentido, ante el odio y el clima de linchamiento que se ha generado en redes sociales, promovido por algunos animalistas, el fiscal en derechos humanos recordó: “No podemos pasar por alto que, efectivamente, la norma nacional y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe de manera absoluta el tratamiento de datos personales, imagen, que permitan identificar a los adolescentes, más aún a los niños y a las niñas en relación a un hecho de carácter delictivo”.
Por lo anterior, Ulises Sandal destacó: “Por eso hacemos un llamado desde la Fiscalía, para salvaguardar estos derechos, no dejando de lado que un hecho, cualquiera que sea, de índole delictivo, tendrá que ser investigado y castigado en dichos términos”.
El fiscal de derechos humanos confirmó que, aquellas personas que difunden datos personales e imágenes, así como información que permita identificar o individualizar a los menores infractores, podrían estar incurriendo en algún delito y por lo tanto podrían ser sancionados.
El fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, afirmó que estos hechos, de Atlixco y Huauchinango, previstos como delito por la ley, serán investigados y sancionados. Pero dejó en claro que las “medidas” o “sanciones” no son tan severas como para los adultos, por tratarse de menores, porque la ley privilegia el bienestar de los niños y adolescentes.
Higuera Bernal recordó, a manera de análisis cualitativo y cuantitativo, que hasta el momento la mayor sanción impuesta a un menor de edad, ha sido de 5 años de internamiento, y esa sanción corresponde a un menor que cometió feminicidio”.
