Un comerciante que se encuentra detenido por operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusan a dos agentes ministeriales (mujeres) de haberlo extorsionado con 180 mil pesos. Además, denunció abuso de autoridad durante su detención, así como el robo de joyas, relojes y otros objetos de valor durante el cateo que realizaron para su detención a principio del mes de enero. También acusan que ha sido víctima de tortura, para que señale como sus supuestos cómplices a cinco personas más, pero él se declara inocente del delito que le imputan.
La defensa legal de Ignacio C. L., a cargo del corporativo jurídico Gutiérrez Gayosso, señaló que en diciembre pasado dos mujeres que se identificaron como agentes de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, llegaron hasta su negocio de comercialización de productos de limpieza y cubrebocas, quienes le indicaron que lo estaban investigando por supuesto lavado de dinero, y a cambio de no detenerlo le exigieron 180 mil pesos.
Pese a que el comerciante pagó esa cantidad, el 7 de enero del presente año, llegó un operativo de cateo hasta su domicilio, donde lo detuvieron. De acuerdo con su defensa, la familia de Ignacio fue testigo de como fue detenido con abuso de autoridad, pues aseguran que le propinaron una golpiza, a la vez que otros miembros de la familia fueron encañonados con armas de cargo de los agentes.
Una mujer de la familia, logró grabar un poco con su equipo celular y tomar fotografías, las cuales posteriormente entregaron como parte de la denuncia en contra de los agentes ministeriales, quienes están señalados de abuso de autoridad y robo. Los acusan de haber robado joyas, relojes y otros artículos de valor, de lo anterior señalan que existen pruebas y testigos.
El despacho jurídico Gutiérrez Gayosso, en días pasados tramitó un amparo para que cesen y revisen las autoridades correspondientes el actuar de los agentes ministeriales (dos mujeres y varios hombres) quienes participaron en estos presuntos actos que podrían constituir un delito.
La defensa también acusa que cada vez que Ignacio es trasladado a Casa de Justicia para sus correspondientes audiencias, es torturado para que delate a cinco delincuentes a los que le obligan a aceptar que son sus supuestos cómplices.
