Fuentes cercanas a este diario denunciaron una nueva ola de corrupción al interior del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, en donde aseguran que el personal de seguridad y custodia está cobrando por todo, desde permitir el acceso de comida y bebidas embriagantes, hasta el cobro por visitas íntimas, las cuales están prohibidas en esta época de pandemia, entre otros presuntos actos de corrupción.
Las personas que informaron lo anterior, que por razones obvias solicitaron el anonimato, indicaron que los nuevos directivos comenzaron a hacer las cosas bien cuando recién llegaron. Sin embargo, conforme pasó el tiempo y se familiarizaron con el entorno, la corrupción volvió a dicho centro penitenciario.
Por la pandemia las visitas a los reclusos fueron sorprendidas, esto comprende desde visitas familiares y de sus abogados, incluso las visitas íntimas. Los informantes aseguran que actualmente quien paga 2 mil pesos puede gozar de visita íntima toda la noche, “y si quieren un rapidín (es decir solo un par de horas) deben pagar 500 pesos”.
También aseguran que el tema de ingresar cualquier tipo de alimentos e incluso bebidas embriagantes no es ningún problema, pues pagando el “moche” correspondiente esos artículos prohibidos pueden entrar “por la puerta grande”.
Incluso señalaron que ante la noticia de que pronto habrá traslados a otros CERESOS, se está ocupando esa información para amenazar a los reclusos. A casi todos les dicen que ellos están en la lista de traslado y que si quieren quedarse deben entrarle con 500 pesos. “Y por el miedo de que los manden a otros penales muchos están pagando”.
Por si fuera poco, aseguraron que, después de las seis de la tarde, cuando se va la directora, el penal se convierte en sede de juegos de azar, donde incluso se ha visto a personal de seguridad y custodia jugando rayuela.
Las fuentes consultadas también indicaron que a finales de agosto hubo un operativo de revisión en dicho penal, en donde algunas de las internas harían sido obligadas a desnudarse completamente. Por esos presuntos abusos, indicaron las fuentes, existen ya cuatro quejas ante Derechos Humanos y Contraloría.
Los informantes desconocen si la actual directora Faviola Sánchez Hernández, procedente de Chiapas, está enterada de todos estos presuntos actos de corrupción, pero mencionaron que es prácticamente imposible que de todo esto no esté al tanto de los pormenores el Jefe de Seguridad y Custodia, de nombre Antonio Silva Ramírez y su coordinador, ambos también procedentes de Chiapas.
Por todo lo antes mencionado, las fuentes consultadas exigen al gobierno del estado una investigación para acabar con estos probables actos de corrupción que dañan el sistema penitenciario.
